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Internacionales

Militares en Colombia ejecutaron a más de 6 mil civiles


El 25 por ciento de los casos documentados se produjeron en el departamento de Antioquia (noroeste).

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Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10), reveló ayer el tribunal de Paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.

Uribe consideró que el tribunal está cometiendo un “atropello” en su intento por “desacreditar” a su gobierno. En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a “violar la ley” cuando les exigía “eficiencia”.

El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla FARC.

Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.

Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de Paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.

Para Jorge Cuervo, profesor de Políticas en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Externado, el informe “nos va a acercar muchísimo más (…) a la realidad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano”.

La investigación expediente por expediente de la Fiscalía era “insuficiente para dar cuenta” del alcance de estos crímenes, agregó el experto, al valorar la decisión de la justicia de Paz de agrupar las denuncias en “macrocasos” como lo hizo también con los secuestros de la guerrilla.  Sobre el particular, la JEP determinó en enero que 21 mil personas fueron tomadas como rehenes e imputó a ocho comandantes de la extinta agrupación insurgente. 

El general Mario Montoya, comandante del Ejército en la época, es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial retirado niega que hubiera instigado crímenes de civiles.

Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones. Mientras, para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe revela además que hubo “complicidad” de autoridades para “ocultar” estos hechos. 

2 mil 249

ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014, había reconocido la fiscalía hasta el año pasado e investigaba a 29 generales. 

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