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Internacionales

Presidente de Costa Rica declara ante Congreso por sospecha de acceso a datos privados


La la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) desató una tormenta política cuando en febrero de 2020 se publicó el decreto de su creación, el cual indicaba que tendría acceso a información confidencial.

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El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, rindió testimonio este miércoles ante una comisión legislativa que investiga a una unidad de recopilación de datos que despertó sospechas de haber accedido a información privada de la población.

El presidente defendió en la audiencia la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) como un apoyo a la formulación de políticas públicas con base en “ciencia y en datos”.

“No estamos ante una unidad espía que se gestó y operó desde la clandestinidad, sino ante una iniciativa responsable, transparente y orientada al mejor interés público”, declaró Alvarado ante la comisión creada para investigar el funcionamiento de la UPAD.

La unidad desató una tormenta política cuando en febrero de 2020 se publicó el decreto de su creación, el cual indicaba que tendría acceso a información confidencial.

El decreto fue derogado pocos días después, pero la sospecha de acceso a información privada provocó el allanamiento de la presidencia el 28 de febrero por parte de la fiscalía, una operación en la que fueron decomisados dos teléfonos celulares y una computadora portátil del presidente.

Además, UPAD fue disuelta y sus tres integrantes dejaron sus cargos en la presidencia.

La diputada Ana Lucía Delgado, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que se hicieron traslados ilegales de información privada como parte del trabajo de la unidad.

“Estamos hablando del posible acceso ilegal de datos” privados, apuntó la presidenta de la comisión investigadora, la opositora Silvia Hernández.

Los legisladores interrogaron al mandatario sobre el trámite que siguió el decreto de creación de la UPAD, pero Alvarado dijo no recordar el proceso que derivó en su formulación o si fue el último en firmarlo.

Sin embargo, reconoció que el decreto “contenía un error de redacción el cual, leído en forma aislada y fuera de contexto, (…) permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido”.

Los cuestionamientos surgieron principalmente porque el decreto autorizó la obtención de información calificada como “confidencial” en las instituciones públicas.

Alvarado insistió en que el análisis de datos permitió desarrollar una política social más focalizada que ayudó a reducir la pobreza y a atender a los nicaragüenses que llegaron a Costa Rica en 2018 cuando su país vivió una ola represiva en respuesta a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

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