La defensa del magnate prodemocracia Jimmy Lai intentó el lunes en un tribunal de Hong Kong obtener su libertad bajo fianza, en el primer intento de oponerse legalmente a la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en el territorio semiautónomo.

Esta acción podría marcar un hito y poner en tela de juicio la independencia judicial de Hong Kong, en un contexto en el que Pekín intenta acallar cualquier movimiento de protesta.

Jimmy Lai, de 73 años, dueño del periódico Apple Daily, es uno de los cien activistas prodemocracia detenidos en virtud de esta ley que entró en vigor a finales de junio.

Se trata de una de las figuras más conocidas del movimiento que fueron detenidas antes de su juicio.

El magnate está acusado de “connivencia con potencias extranjeras”, considerado un delito en virtud de la ley de seguridad nacional, así como por pedir a gobiernos extranjeros que castiguen a Hong Kong y a China en respuesta a las políticas de Pekín en el territorio semiautónomo. 

Esta legislación es el cambio más importante en las relaciones entre Pekín y Hong Kong desde la devolución de la antigua colonia británica a China en 1997. 

El texto criminaliza una serie de opiniones políticas y rompe algunas de las barreras legales que hasta ahora separaban a Hong Kong de la China continental. 

Impuesta por Pekín, autoriza por primera vez a agentes de seguridad chinos a actuar abiertamente en la ciudad y confiere a China competencias en algunos casos. Otra disposición de la ley es la ausencia de libertad bajo fianza. 

Lai fue detenido en diciembre. Un tribunal le había concedido inicialmente la libertad bajo fianza con condiciones muy estrictas, como el arresto domiciliario y la prohibición de expresarse en las redes sociales. 

Pero unos días más tarde, el tribunal superior de Hong Kong decidió enviarlo de nuevo a prisión hasta la vista de esta semana. 

Posición delicada de los jueces

Ahora, los jueces tienen que hallar un justo equilibrio entre la ley china y el “Common law”, antiguo sistema británico que se basa en la jurisprudencia, su mini-Constitución y su declaración de derechos que se supone garantiza la libertad de expresión y la liberación bajo fianza en los delitos no violentos.

Este lunes, los jueces interrogaron a los fiscales sobre las razones por las cuales no se acordó la liberación bajo fianza.

Estos respondieron que la ley impuesta por Pekín especifica que las personas acusadas de crímenes vinculados con la seguridad nacional no deben ser liberadas bajo fianza. “La población simplemente no puede permitirse que una acción comprometa la seguridad nacional”, dijo el fiscal Anthony Chau.

Los jueces se encuentran en una posición delicada.

Según la jerarquía constitucional en vigor en Hong Kong, la decisión final en materia legislativa es del comité permanente chino que, en los últimos años, ha demostrado un creciente deseo de dar a conocer su posición.

Para los medios oficiales chinos, Lai es culpable y las autoridades esperan que los magistrados hongkoneses se alineen con Pekín en materia de seguridad nacional.

Altos responsables chinos apoyaron recientemente pedidos para una reforma profunda del sistema judicial de Hong Kong. Esto, según los opositores, muestra una postura a favor de un sistema más cercano al de China continental, donde la justicia está sometida al poder comunista.

Este lunes, ante el tribunal, se reunieron pequeños grupos de manifestantes pro-Pekín, con pancartas en las que calificaban de “veneno” al diario de Lai.