Unas 200 organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, casas de migrantes y comités de familiares de desaparecidos centroamericanos condenaron ayer la “violencia histórica en masacres”, ante el reciente hallazgo de 19 personas guatemaltecas incineradas en dos camionetas, en el norte de México.

“Exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes, que se vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década”, dice un pronunciamiento conjunto firmado por decenas de redes de defensores de migrantes y personalidades reconocidas.

El hallazgo de los cuerpos incinerados ocurrió al atardecer del viernes 22 de enero en Camargo, municipio de Tamaulipas, estado norteño fronterizo con Estados Unidos.

Decenas de organizaciones presentaron una denuncia penal conjunta para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Tamaulipas.

Asimismo, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Búsqueda en México, para que se tomen acciones urgentes para esclarecer la matanza y castigar a los culpables.

El representante permanente en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh), Guillermo Fernández-Maldonado, expresó que “estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 (donde fueron asesinados 72 migrantes), y Cadereyta, Nuevo León (norte), en 2012 (donde se encontraron 49 cuerpos mutilados)”.

El Gobierno mexicano rechazó cualquier comparación de esa masacre con otras tragedias ocurridas en la ruta de migrantes que recorren más de 2 mil kilómetros desde Tapachula, fronteriza con Guatemala, hasta la frontera con Estados Unidos, por la franja costera del Golfo de México.

Investigación en marcha

“Por ningún motivo es igual (el nuevo hallazgo) a lo que sucedió en San Fernando (Tamaulipas)”, replicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante una pregunta sobre el tema. El argumento de la responsable de la política interior y migratoria se basa en que las investigaciones ya están en marcha, aunque declinó ofrecer información sobre dichos avances.

En las otras masacres mencionadas, una década después “los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, comentó el representante de la titular de Acnudh, Michelle Bachelet.