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Internacionales

Monarquía española afronta decadencia por los escándalos del rey emérito


Si hay un evento de 2020 que recordarán los españoles es el de aquel 3 de agosto, en plena pandemia, en que el rey emérito Juan Carlos I se marchó de España sin billete de vuelta.

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El antiguo monarca, padre del actual rey Felipe VI, tomó la decisión de abandonar el país perseguido por una serie de errores y escándalos que se extienden al período de su reinado.

El peor de sus problemas, la corrupción, le acechó con especial celeridad en los últimos meses, cuando se destaparon dos investigaciones judiciales sobre sus finanzas en Suiza y España.

Así lo admitió el mismo monarca en una carta a su hijo donde le informaba de su traslado al extranjero: “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

Juan Carlos I se fue con “afán de servicio a España”, decía, para tratar de salvaguardar la monarquía y desvincular a su sucesor de los escándalos que tanto habían dañado la reputación de la institución milenaria.

Tanto los expertos como la opinión pública, no obstante, vieron en su acción una flagrante fuga de la justicia.

“Fue una huida, no tanto del sistema judicial español como del suizo, que iba a reclamarle para justificar este dinero”, afirma en declaraciones a Sputnik José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico.

El monarca se estableció en los Emiratos Árabes Unidos, pero la distancia no evitó que las acusaciones siguieran multiplicándose y envolviendo a su persona en una trama casi libresca de ocultación de dinero donde no faltaron amantes, monarcas saudíes y empresarios mexicanos.

El goteo casi diario de filtraciones periodísticas sobre el dudoso origen de sus finanzas provocó un cuestionamiento entre la sociedad española que no muestra signos de aflojar y con probabilidad marcará los años venideros.

TURBULENCIAS DE LA CORONA

El exilio persigue a Juan Carlos (Roma, 1938) desde su nacimiento en Italia, donde la familia real española se refugió tras la proclamación de la Segunda República en España (1931-1939).

A los diez años pisó por primera vez su país para dedicarse a sus estudios, con previo aval del dictador Francisco Franco, y en 1961 fijó su residencia en Madrid junto con su mujer, la princesa Sofía de Grecia.

Tras un periodo de reinado borbónico interrumpido que culminó con la muerte de Franco, en 1975 Juan Carlos I fue proclamado rey de España, una tarea que le ocupó hasta su abdicación en 2014.

Su período al frente de la jefatura del Estado le catapultó en la opinión pública, que lo conoció durante muchos años como el monarca “campechano” que había jugado un papel clave en la transición hacia la democracia.

“Juan Carlos tenía más capacidad de empatizar con la gente que el actual rey, por su tiempo en el exilio, y además contaba con una simpatía de la que siempre se hablaba. Pero este crédito que le había dado la gente fue completamente derrochado y dejó de ser un referente”, explica Joaquim Albareda, historiador y catedrático de Historia Moderna de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Los últimos años en la Corona solo sirvieron para enturbiar su figura, con episodios tan dañinos como la imputación por corrupción en 2011 del esposo de una de sus hijas, Iñaki Urdangarín, y la cacería de elefantes en Botsuana en 2012, coincidiendo con los peores días de la crisis económica en España.

Durante el transcurso del costoso safari africano, el monarca se rompió la cadera y los españoles supieron por primera vez de la existencia de su amante, la aristócrata y empresaria alemana Corinna Larsen.

Pese a que el rey se disculpó públicamente por estos hechos, el suceso terminó de desgastarlo y provocó que en 2014 decidiera abdicar en su hijo, Felipe VI.

El rey Felipe recibió una corona empapada de escándalos que no dan tregua y siguen contribuyendo a la situación declinante de la monarquía española y al cuestionamiento sobre su futuro.

LA FORTUNA REAL LLEGA A LA JUSTICIA

El último capítulo de la tragedia de Juan Carlos I arrancó en marzo de 2020, cuando trascendió a la prensa que la Fiscalía de Ginebra, en Suiza, estaba investigando al monarca por una presunta donación de 65 millones de euros a su examante, Corinna, con dinero procedente de Arabia Saudí.

Las informaciones reveladas por el diario suizo Tribune de Genève apuntaban a que Juan Carlos utilizó testaferros para la apertura de varias cuentas bancarias en Suiza, entre ellos su primo Álvaro de Orleans.

También implicaban al rey emérito en un supuesto cobro de comisiones procedentes de Arabia Saudí a cambio de la adjudicación de un contrato para construir la línea de tren de alta velocidad (AVE) a La Meca en 2011.

A raíz de estos hechos, varios partidos españoles solicitaron al Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación sobre la fortuna real, que fue rechazada bajo el argumento de que Juan Carlos era inviolable como monarca en el momento de cometer presuntamente los delitos.

La bomba llegaría desde la propia Casa Real pocos días después, cuando su hijo y rey de España anunció públicamente la renuncia a recibir cualquier herencia personal procedente de su padre.

Asimismo, la institución monárquica anunció que Juan Carlos dejaría de recibir su asignación como monarca emérito, en una nota con un tono muy duro que pretendía distanciar a Felipe VI de las actividades del progenitor.

Meses después, en junio, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción de España también investigaba al exrey por las comisiones del tren a la Meca.

DEUDA CON ESPAÑA

Con un comunicado a través de sus abogados, en diciembre de 2020 el monarca volvía a situarse en el centro de la opinión pública.

Juan Carlos anunció el abono voluntario a Hacienda de una deuda tributaria por importe de más de 678.000 euros con el fin de regularizar su situación fiscal y evitar así que se abra investigación judicial sobre uno de los últimos asuntos que había filtrado la prensa.

Se trata de unos fondos que presuntamente recibió de su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018, y que se gastaron a través de varias tarjetas de crédito empleadas por miembros de la familia real.

Al abonar la cantidad antes de ser notificado por Hacienda o por la Justicia, Juan Carlos evita ser imputado por un delito fiscal de acuerdo con la legislación española.

Villacañas ubica este reciente episodio en un relato fabricado para distinguir dos épocas en la vida del rey emérito, la de inviolabilidad y la posterior al momento en que abdicó.

“Esta regularización se ha presentado como algo universal a lo que todo el mundo tiene derecho, pero por supuesto sirve para generar una pantalla que encubre el verdadero escándalo: una serie de comportamientos detestables a lo largo de su reinado que no pueden entrar dentro de la inviolabilidad constitucional”, sostiene este experto.

En su opinión, lo más conveniente para España sería un análisis a fondo sobre el origen del patrimonio del Rey.

Según Villacañas, un Gobierno “serio” sometería la fortuna de Juan Carlos a “un escrutinio y una investigación pormenorizada”, tal como pretendía hacer la Justicia de Suiza.

En este sentido, critica que Pedro Sánchez se ha “instalado en una posición minimalista” y ha “aceptado el relato” de que “la ley es igual para todos y un rey está sometido a las mismas regularidades que cualquier otro español”, pese a su elevada responsabilidad y situación de poder.

Albareda, por su parte, coincide en que es “desastroso” y “éticamente reprobable” que un rey no cumpla con las obligaciones fiscales que se aplican a todos los ciudadanos y cita los recientes sondeos sobre la percepción de la monarquía entre los españoles.

Una encuesta impulsada en octubre por la Plataforma de Medios Independientes situaba en un 41 por ciento los apoyos a una república frente al 35 por ciento que prefería la monarquía, mientras que un 13 por ciento se mostraba indeciso.

Asimismo, un 49 por ciento veía conveniente celebrar un referéndum sobre el futuro de la institución en el país.

“Son conclusiones lógicas, porque la población tiene muchos problemas y está viendo como las instancias del poder no cumplen sus obligaciones básicas, así que no es extraño que surjan índices tan elevados”, señala este catedrático.

A DEBATE EL FUTURO DE LA INSTITUCIÓN

Si Juan Carlos fuera juzgado eventualmente, un escenario que los dos expertos ven probable, sería solo por hechos posteriores a la abdicación de 2014, y para ello debería retornar de su exilio.

Las consecuencias de esto sobre el reinado de su hijo son inciertas, aunque Villacañas se decanta por que “lo más probable es que sea visto con indiferencia por la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

Pero advierte que la reputación de la institución pende de un hilo, y un paso en falso por parte del actual monarca podría desatar la hostilidad.

El catedrático augura que, si el Gobierno progresista impulsado por los socialistas de Sánchez con fuerzas republicanas y de izquierda se consolida para futuras legislaturas, el futuro de la monarquía podría depender del apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Tampoco descarta que en un horizonte de dos o tres legislaturas pueda plantearse un referéndum sobre la monarquía, con su consecuente reforma constitucional.

“Es un horizonte que no se puede descartar y que yo veo altamente probable”, dice Villacañas.

Albareda tampoco lo rechaza, aunque recuerda que en España hay cuestiones más urgentes que la situación de la monarquía, entre ellas la grave crisis económica derivada de la pandemia.

“Habrá sectores que intenten aprovechar la ocasión para situar la monarquía frente a otros problemas, pero hay asuntos mucho más graves y este no es el principal problema de España hoy en día”, concluye el historiador.

Por el momento, el debate monárquico seguirá abierto con la incógnita de si el actual Rey, Felipe VI, conseguirá superar la crisis y recuperar la confianza de la sociedad española.

De lo que no hay duda es que los negocios ilícitos de Juan Carlos y el dudoso origen de su fortuna seguirán copando la opinión pública española por un largo tiempo. 

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