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Internacionales

EE. UU. prohíbe entrada a diputado salvadoreño


La decisión de prohibirle el ingreso obedece a “su participación en graves violaciones a los derechos humanos, por la ejecución extrajudicial de la ciudadana española”.

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Estados Unidos prohibió este jueves al diputado salvadoreño José Antonio Almendáriz Rivas ingresar a su territorio, por su participación en “graves violaciones” a los derechos humanos relacionadas con el asesinato en 1990 de la médica española Begoña García Arandigoyen durante la Guerra Civil (1982-1992).

La decisión de prohibirle el ingreso obedece a “su participación en graves violaciones a los derechos humanos, por la ejecución extrajudicial de la ciudadana española, la doctora Begoña García de Arandigoyen, el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador”, dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado.

Almendáriz Rivas es un militar que ahora representa al departamento de Sonsonate y forma parte del grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha).

Estados Unidos toma este tipo de medidas cuando hay información “creíble” de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos o en actos de corrupción significativos.

Como consecuencia, tanto Almendáriz como los miembros de su familia inmediata tienen prohibida la entrada a Estados Unidos.

Begoña García se desempeñó en El Salvador como médica después de haber estado en Nicaragua. Fue voluntaria de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y en el momento de su muerte, a los 24 años, estaba embarazada.

Según los archivos de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil entre 1980 y 1992, García fue detenida por una brigada de infantería, de la cual Almendáriz era teniente coronel.

Esta comisión estableció que García fue ejecutada extrajudicialmente y que los oficiales a cargo -entre ellos Almendáriz- encubrieron los hechos.

Tras conocer la decisión de Estados Unidos, Almendáriz dijo que espera que la justicia salvadoreña le permita “poder limpiar” su nombre por el hecho que se le atribuye.

“Hay un documento en donde se nos acusa y que esperamos aclarar”, señaló el diputado refiriéndose a su persona. Además, dijo no haber tenido la oportunidad de defenderse ante la Comisión de la Verdad.

 “Rendición de cuentas para los perpetradores”

La ejecución extrajudicial fue ocultada con la participación de la policía, peritos y autoridades judiciales, y el cuerpo de la doctora fue enterrado al día siguiente de su fallecimiento.

Cuatro días después de su muerte, el 14 de septiembre de 1990, el cadáver fue exhumado ante la presencia de personal de la embajada de España.

El cuerpo fue llevado a su país, donde se le practicó una autopsia que determinó que murió por una herida en el cráneo ejecutada a muy corta distancia, a escasos centímetros, y que tenía varios impactos de proyectiles.

La Comisión de la Verdad concluyó que la joven fue ejecutada en “flagrante contravención del derecho internacional humanitario”.

Tras el fin de la guerra, un decreto de 1993 estableció una amnistía para miles de crímenes ocurridos durante el conflicto, pero en 2016 esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

La diplomacia estadounidense indicó que Washington condena todos los abusos contra los derechos humanos perpetrados por ambas partes del conflicto en la Guerra Civil, que dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos.

“La acción de hoy resalta nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso con la justicia para las víctimas y para promover que haya una rendición de cuentas para los perpetradores”, indicó la diplomacia estadounidense.

Un funcionario del gobierno estadounidense indicó bajo condición de anonimato que este tipo de acciones a veces se producen tardíamente porque las autoridades estadounidenses se percatan de estos abusos cuando un individuo pide una visa para entrar al país.

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