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Internacionales

Sindicatos en Panamá ponen en jaque al Gobierno por obras interrumpidas


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El excandidato presidencial panameño Saúl Méndez encara desde la lucha sindical a un Gobierno que pudo ser el suyo, para que deje de dilatar el prometido reinicio de los proyectos de la construcción interrumpidos por la pandemia de covid-19.

Méndez, aspirante a la presidencia de Panamá en 2019 por el Frente Amplio por la Democracia (FAD, izquierda), no consiguió llegar al Palacio de las Garzas por las urnas, pero sí mediante la movilización en las calles de quienes necesitan trabajar sí o sí.

El curtido sindicalista conversó con Sputnik sobre las principales reivindicaciones de estas protestas, inspiradas en la mítica Marcha del Hambre y la Desesperación que consiguió, en 1959, varios hitos del movimiento obrero, como la ley del salario mínimo.

“Para empezar, la vuelta a la “normalidad” en Panamá ha generado descontento social, pues muchos de los proyectos existentes siguen sin reanudarse, a despecho de un decreto ejecutivo que revierte la suspensión de las obras”, explicó Méndez a esta agencia.

Tras una serie de manifestaciones y “piqueteos”, la administración del presidente Laurentino “Nito” Cortizo se vio forzada a dialogar con los trabajadores, representados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), que encabeza Méndez.

En especial, los sindicatos exigen al Ejecutivo la reactivación de los contratos de trabajo en las obras gubernamentales, cuya suspensión desde marzo pasado mantiene a 9.000 obreros de la construcción sin empleo y con una economía cada vez más precaria.

GOBIERNO EMPLAZADO

Los representantes del Suntracs asumen las reuniones con los enviados de Cortizo con voluntad de diálogo, pero renuentes a transar respecto a sus principales demandas.

En el encuentro con la ministra de Trabajo y Desarrollo Local, Doris Zapata, los sindicalistas exigieron la reinstalación de los empleos en vilo por la interrupción de las obras, así como la renovación de adendas vencidas y pagos relacionados con los contratistas del Estado.

También reclamaron políticas públicas para el sector de la construcción, tanto público como privado, y la ejecución de nuevas obras, como el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el Hospital del Niño, o el denominado Corredor de las Playas, entre otras.

Las conversaciones prosiguieron el 24 de noviembre con el Ministerio de Educación, para abordar la situación de los proyectos de infraestructura escolar, muchas de las cuales no han sido reanudadas, en parte por la pandemia, en parte por una deuda millonaria con los contratistas.

“Si esos proyectos están en presupuesto, obviamente tienen que abrir. El contrato está vigente, y el gobierno y los contratistas tienen que responder”, insistió Méndez, quien también promueve una negociación sobre el pago del impuesto a la renta en este atípico año fiscal.

PACTO DEL BICENTENARIO

Esta reivindicación coincide con el impulso del denominada Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, una iniciativa gubernamental de participación ciudadana para colegiar soluciones a los principales problemas que enfrenta la nación istmeña.

Méndez, que acudió a la presentación como parte de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), le preguntó al propio Cortizo cuáles, específicamente, serían las brechas que se aspira a cerrar, y no obtuvo una respuesta clara.

Por eso el dirigente negó la versión oficialista sobre una presunta adhesión de los sindicatos al pacto de marras, pero afirmó que está abierto a todo diálogo serio, en igualdad de condiciones y que toque los temas verdaderamente acuciantes para la clase obrera.

UNIDAD, FIRMEZA Y DISCIPLINA

Según cifras oficiales, el sector de la construcción genera cerca del 16 por ciento del Producto Interno Bruto de Panamá, y la idea es que estuviera completamente reabierto en octubre pasado, sin descuidar los protocolos de bioseguridad.

Dicha reapertura quedaba fijada por el Decreto Ejecutivo 1036, de septiembre pasado, pero al menos hasta el 31 de diciembre está vigente la Ley 157, que estableció la suspensión de contratos laborales y la paralización de las obras durante la cuarentena por la pandemia.

En medio de esa contradicción, de los 23.587 obreros que se quedaron sin trabajo en marzo pasado, solamente 14.500 habían recuperado sus empleos a mediados de noviembre.

Méndez advirtió que los sindicatos mantendrán su presión para reabrir los proyectos cerrados, si es preciso mediante acciones legales para garantizar los derechos de la clase trabajadora, para lo cual demandó la unidad de todos los trabajadores.

“Tanto los trabajadores con sus contratos suspendidos, como los que están laborando, deben apoyar las acciones que convoca el sindicato: unidad, firmeza y disciplina”, recalcó el dirigente, invocando el lema de Suntracs.

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