Con el proceso para desaforar al máximo jefe policial de El Salvador se escuchó de nuevo en este país un estribillo socorrido y no siempre fundamentado: el de los políticos que se dicen víctimas de una persecución judicial.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, es el centro del más reciente episodio de una saga vista más de una vez en toda América Latina al encarar una demanda por el supuesto incumplimiento de sus deberes constitucionales.

Voces afines al Ejecutivo rechazaron de inmediato la iniciativa para quitarle a Arriaza la inmunidad que le concedió el presidente Nayib Bukele en octubre pasado, al nombrarlo viceministro de Seguridad en medio de diversos cuestionamientos.

En redes sociales se impuso la narrativa de que la eventual destitución de Arriaza buscaba desarticular el plan de seguridad Control Territorial, al cual la administración Bukele achaca la reducción en los homicidios en El Salvador.

«El juicio es eminentemente político, no tiene nada de sustento legal, es querer dar una estocada al gobierno de la República», aseguró en rueda de prensa el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para quien el proceso es un golpe «a la gente honrada» beneficiada por el plan de seguridad.

Por su parte, el gabinete de seguridad en pleno ratificó su apoyo a Arriaza, y denunció los presuntos intereses partidistas tras esta medida, a despecho de los argumentos reseñados en la demanda presentada a la Asamblea Legislativa (Parlamento).

La judicialización de la política

Llevar a los políticos a los tribunales no es algo nuevo en El Salvador, donde en menos de 30 años un expresidente murió mientras era procesado por corrupción, otro guarda prisión y un tercero vive exiliado en Nicaragua, prófugo de la justicia.

Todos afirmaron ser víctimas del fenómeno conocido como judicialización de la política, alegato que no pasa de moda y que regresa cada vez que las autoridades fiscales y judiciales hacen -o intentan hacer- su trabajo.

En diálogo con Sputnik, el abogado Eduardo Escobar reconoció la posibilidad de que la actual administración haya adoptado una excusa recurrente durante los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

«Siempre que se investiga un posible caso de corrupción, reaparece el estribillo del ataque político, a pesar de que la mayoría de los casos son procesos legítimos», señaló Escobar, director de la organización de controlaría social Asociación Ciudadana.

El jurista se opone a que todo procedimiento del órgano judicial sea encasillado como «una acción política para afectar a los adversarios de los gobernantes en turno», sobre todo cuando existe una investigación que demuestre la existencia de un delito.

El también abogado Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, acotó que siempre hay recursos legales para confirmar o rebatir una supuesta persecución en los juzgados, por eso no comparte la excusa de la persecución.

Un estado en pugna

Con el triunfo electoral de Bukele en febrero de 2019, muchos creyeron que acabaría la polarización política acentuada por los encontronazos entre Arena y el FMLN, pero con la irrupción del partido Nuevas Ideas siguieron los antagonismos, sobre todo entre los poderes del Estado.

Los choques del actual Ejecutivo con los órganos Legislativo (dominado por la oposición) y Judicial (nombrado por la Asamblea) son ásperos, y la sociedad vive bajo un fuego cruzado que tuvo su clímax en agosto pasado, cuando Bukele tildó de «dictadores» a los jueces de la corte constitucional.

«Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable, magistrados que ponen primero lo económico, sobre la vida y la salud», afirmó Bukele en aquel mensaje, lanzado luego de que la Sala de lo Constitucional revirtiera medidas del Ejecutivo para combatir la pandemia de covid-19.

Si bien Escobar discrepa sobre una supuesta agenda judicial para debilitar al actual gobierno, estima que es necesario que las instituciones funcionen para cerrarle toda brecha a la especulación.

Para ello, resumió, se impone una aplicación efectiva de la justicia, que la Fiscalía fundamente sus investigaciones, y que las autoridades ejerzan sus obligaciones con independencia, idoneidad y probidad.