Con el proceso para desaforar al máximo jefe policial de El Salvador se escuchó de nuevo en este país un estribillo socorrido y no siempre fundamentado: el de los políticos que se dicen víctimas de una persecución judicial. El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, es el centro del más reciente episodio de una saga vista más de una vez en toda América Latina al encarar una demanda por el supuesto incumplimiento de sus deberes constitucionales. Voces afines al Ejecutivo rechazaron de inmediato la iniciativa para quitarle a Arriaza la inmunidad que le concedió el presidente Nayib Bukele en octubre pasado, al nombrarlo viceministro de Seguridad en medio de diversos cuestionamientos. En redes sociales se impuso la narrativa de que la eventual destitución de Arriaza buscaba desarticular el plan de seguridad Control Territorial, al cual la administración Bukele achaca la reducción en los homicidios en El Salvador.