Una jueza federal de Nueva York aceptó ayer el inusual pedido del Gobierno estadounidense de desestimar graves cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, para que México lo investigue y eventualmente lo acuse.

En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Amon confirmó que el pedido proviene del propio fiscal general estadounidense, William Barr.

“Esta decisión (…) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado”, dijo Amon en presencia de Cienfuegos.

El acusado aceptó el acuerdo, que establece que será escoltado a México “de forma expedita” por alguaciles estadounidenses y liberado en el país, donde no enfrenta cargos.

Muchos dudan de que Cienfuegos, un poderoso general en retiro de 72 años, pueda ser investigado y procesado de manera imparcial en México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió ayer que “no se permitirá que se fabriquen delitos”. “Tiene que haber sustento, pruebas, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia”, manifestó a periodistas.

La justicia estadounidense, que dijo tener miles de grabaciones de mensajes de Blackberry que involucran a Cienfuegos, incluidas muchas suyas con narcotraficantes, indicó que ya ha suministrado pruebas a México.

Al pedir a la jueza Amon que desestime los cargos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en buscar el procesamiento del acusado”.

La liberación de Cienfuegos concluye una intensa negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México tras el arresto del exministro en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre, a pedido de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que tomó a los mexicanos por sorpresa y conmocionó las relaciones bilaterales.

En su momento, los fiscales estadounidenses presentaron el caso como una ventana a la corrupción institucionalizada en México. Los mexicanos, en tanto, lo consideraron una afrenta a su soberanía.

El Gobierno estadounidense acusaba a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 “a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos” entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos. Cienfuegos, que se declaró inocente, fue ministro durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin explicación

Un juicio a Cienfuegos en México “es muy poco probable porque no hay evidencia de que exista un sistema de justicia avanzado y eficaz (…) ni herramientas para investigarlo”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad en México.

“La inexplicable postura de la Presidencia y la Cancillería frente a la elección estadounidense, en específico la negativa a reconocer el triunfo de Joe Biden, puede ser parte de la explicación, pero difícilmente puede ser todo”, comentó Alejandro Hope, especialista en narcotráfico, en un artículo publicado por el periódico ‘El Universal’. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró no obstante que la liberación de Cienfuegos no es “el camino a la impunidad” sino “un acto de respeto a México” y sus Fuerzas Armadas.

Operaciones de la DEA

El acuerdo para desestimar los cargos contra el ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos habría sido por amenazas de México a EE. UU. de limitar las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) en el país, reportó ‘The Washington Post’. La hipótesis sobre la presencia de la DEA en México fue atizada por el diario ‘The New York Times’ y el medio ‘Vice’, que citando fuentes anónimas aseguraron que la administración de López Obrador amenazó con expulsar de su territorio a agentes antinarcóticos si el Departamento de Justicia no desechaba el proceso penal del general.