El Ejecutivo de Perú solicitó formalmente al Congreso adelantar para el viernes 6 de noviembre la fecha en que será debatido y votado el pedido de destitución en contra del presidente Martín Vizcarra, por presuntos actos de corrupción.

“Solicitamos respetuosamente al Congreso de la República (…) reconsiderar la fecha y pueda programarse la defensa del Presidente de la República como posible fecha el día viernes 6 del presente”, indica un oficio dirigido al titular del Parlamento, Manuel Merino.

El lunes, el Legislativo aprobó elevar al pleno el pedido de destitución y determinó el lunes 9 de noviembre como fecha para la votación y comparecencia del jefe de Estado a fin de que realice sus descargos.

El Ejecutivo señala en su petición que “es necesario brindar al país una decisión definitiva sobre las autoridades que regirán sus destinos hasta el 28 de julio de 2021 (fecha en que culminarán los mandatos del presidente y del actual Congreso)”.

Asimismo, pide al Parlamento que, siendo este el segundo pedido de destitución realizado contra el jefe de Estado, no agudizar la “estabilidad política y económica” del país.

El Congreso realizó un pedido de destitución presidencial fallido en septiembre por presuntos actos de corrupción.

Esta segunda moción fue presentada por el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP), que se basa en declaraciones de dos empresarios que aseguraron ante la Fiscalía haber pagado dos coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de Moquegua, en 2014.

Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2.3 millones de soles (unos US$623 mil). El caso es investigado por la Fiscalía desde 2018. Vizcarra niega haber recibido pagos y atribuye el pedido a una maniobra para afectar las elecciones de abril de 2021. 

Presunción de inocencia

“No podemos cambiar a un Presidente por una denuncia que no ha sido corroborada, que está en investigación preliminar”, exhortó el primer ministro, Walter Martos, en un llamado a la reflexión al Congreso. “Toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, cuando se le juzga será culpable, qué pasa si después de juzgar termina siendo inocente y ya se rompió toda la gobernabilidad del país”, agregó.