La suerte está echada para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos: ganen demócratas o republicanos en las elecciones del 3 de noviembre, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, según sus siglas en inglés) tendrán que redoblar su lucha para lograr una solución a sus problemas.

“Estamos clarísimos que, si no le exigimos de forma persistente a quien asuma en enero (la presidencia de EEUU), nadie nos regalará nada”, aseguró a Sputnik el activista Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza América, organización que lucha por los derechos de los llamados “tepesianos”.

EEUU designa a determinados países extranjeros con el TPS cuando entiende que las condiciones en dicho país impiden a sus ciudadanos regresar.

Los beneficiarios pueden acceder a permisos de empleo y obtener autorizaciones de viaje, y no pueden ser detenidos por su estatus migratorio.

Se estima que unos 200.000 salvadoreños están amparados por el TPS.

Chacón sabe que las posibilidades para los migrantes no serán iguales si Donald Trump se mantiene otros cuatro años en la Casa Blanca, a que si Joe Biden logra un triunfo y el Partido Demócrata gana la mayoría en el Senado.

La coyuntura igual es inquietante, pues a mediados de septiembre la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU falló a favor de la administración Trump para finalizar el TPS de los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.

Por si fuera poco, a la recién nombrada embajadora salvadoreña en EEUU, Milena Mayorga, se le escapó que una de sus prioridades será propiciar el retorno a su país de quienes no tienen la más remota intención de hacerlo, pues bastantes razones tuvieron para irse.

“Tenemos que ser realistas: son casi 200.000 “tepesianos” salvadoreños en la incertidumbre, muchos de los cuales no están organizados y son más vulnerables”, reconoció Chacón en diálogo con esta agencia, a propósito de unas elecciones que consideró “las más complicadas de la historia”.

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

Chacón sabe que si Donald Trump es reelecto, arreciará su agenda antiinmigrante, cuya meta es sacar del país a los “tepesianos”, quienes cifran sus esperanzas en varios litigios en curso para conseguir algo de tiempo.

Sin embargo, las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes saben que el sistema judicial de EEUU ha sido moldeado por políticos conservadores, quienes han nombrado a la mayoría de los jueces en las cortes federales.

“No digo que el camino sea ineficaz, pero es cuesta arriba”, reconoció Chacón, quien afirmó empero que se dará la batalla para abrir nuevos tiempos de protección para los beneficiarios.

Para el activista, si Biden gana será preciso exigirle a su equipo un mecanismo que proteja de inmediato tanto a los “tepesianos” como a los “dreamers”, como llaman a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Paralelo a esa agenda, la Alianza América y organizaciones afines buscarán tener una incidencia en la rama legislativa, con el objetivo de que el Senado considere una propuesta de ley para que los acogidos al TPS y al DACA soliciten una visa de residencia permanente en EEUU.

“Este esfuerzo tiene sentido aún si Trump logra la reelección, sobre todo si el Partido Demócrata se hace con la mayoría en el Senado, y desde ahí puede forzar al Ejecutivo a aprobar cambios en las leyes, aún si la Casa Blanca no quiere”, advirtió Chacón.

VÍCTIMAS DEL SISTEMA

A priori, se pensaría que mantener a los migrantes es negocio para un sistema cuya esencia es elevar las ganancias abaratando los procesos, más cuando el fantasma de la deportación pesa sobre quienes se ven obligados a aceptar salarios ínfimos y condiciones precarias de trabajo y vivienda.

Pero entre el aumento en el costo de vida y la proliferación de los grupos supremacistas blancos, en EEUU se arraigó el criterio de que para mantener el sistema hay suficiente mano de obra nacional, tan barata y necesitada como la extranjera.

Aparejado a eso, los gobernantes de México y Centroamérica han acatado las imposiciones de Trump para detener los flujos migratorios y estar en buenos términos con Washington, aun cuando sus países carecen de las condiciones para aceptar de golpe una ola de retornados.

“En El Salvador hay quien cree que el país está listo para recibir a quienes nos quieran mandar de EEUU, y ni siquiera Costa Rica podría procesar el regreso abrupto de medio millón de personas”, advirtió Chacón, quien duda que tales condiciones estén creadas en un futuro cercano.

En su opinión, serían precisas reformas profundas del tipo económico, cultural y social, así como una política ambiental responsable, de bienestar y que genere oportunidades, para que los salvadoreños que se fueron obligados por sus circunstancias estén motivados a regresar.

“Aún si tuviéramos el mejor plan para construir el país que soñamos, y hasta donde sé no lo tenemos, no lo lograremos de un día para otro”, admitió el especialista, quien prefiere concentrarse en su presente: la defensa de los derechos de los migrantes en EEUU, ante los escenarios que se presentarán después del 3 de noviembre.