El congreso de Nicaragua aprobó ayer una ley de ciberdelitos, bautizada por la oposición como ley “mordaza”, que castiga con cárcel a las personas y entidades que el Gobierno considere difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.

La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra de la oposición, que denunció una intención de perseguir a los adversarios del presidente Daniel Ortega con la ley.

“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.

Advirtió que la ley se aplicaría, por ejemplo, en casos como los de quienes dijeron que se adelantarían las elecciones de 2021, en alusión a una de las demandas que hizo la oposición durante las protestas de 2018 para anticipar la salida de Ortega del gobierno y que nunca fue satisfecha.

López citó también el caso de quienes “dijeron que miles y miles de nicaragüenses estaban contagiados y miles habían muerto por causa del COVID-19”, en referencia a las cifras de organismos independientes que cuestionaron con datos la falta de transparencia sobre la pandemia en Nicaragua.

Según la oposición, la ley de ciberdelito, así como la ley de “agentes extranjeros”, aprobada el pasado 15 de octubre por el Parlamento, forman parte de un paquete de leyes que impulsa el gobierno de Ortega para controlar a sus adversarios políticos.

La ley aprobada este martes faculta al Ministerio de Gobernación, la Policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.

Los jueces podrán autorizar a la Policía intervenir y acceder al sistema informático de los sospechosos y ordenar a los proveedores del servicio de Internet grabar y facilitar datos del usuario que es investigado.

La ley se aplicará a quienes transgredan las normas dentro y fuera de Nicaragua, lo que según la oposición incluye a los exiliados que hacen campaña contra el Gobierno, para lo cual el Estado recurriría a convenios de asistencia mutua.