Tras la aplastante victoria de la opción para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Chile se vuelca ahora a definir la elección el próximo 11 de abril de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna.

El contundente resultado, que favoreció con un 78% al “Apruebo” y con un 79% a la instalación de una Convención Constitucional -integrada sólo por miembros electos por voto popular- frente a la alternativa que incluía a parlamentarios en ejercicio, representa una bofetada para los partidos políticos tradicionales en favor de los candidatos independientes.

El reglamento de la Convención definió un mecanismo para los independientes, pero el requisito de un mínimo de firmas de ciudadanos igual o superior al 0,4% de quienes votaron en el distrito electoral, es una barrera difícil de sortear, aún más en pandemia, ya que el patrocinio se debe presentar en una notaría.

En el Congreso avanza un proyecto para rebajar a la mitad el número de firmas y habilitar un procedimiento electrónico para su recolección. Los partidos políticos buscan, además, incluir a una mayoría de independientes en sus listas.

Todavía también se discute si habrá o no escaños reservados para indígenas, un clamor que surgió para dar respuesta al extenso conflicto, por una mayor autonomía y la restitución de territorios, de las comunidades mapuches, la mayor etnia chilena.

La iniciativa busca establecer la elección de los representantes indígenas en un solo distrito a nivel nacional, hasta completar el número de escaños reservados, que se estima será un mínimo de 8 y un máximo de 25, pero todavía no hay acuerdo en la forma en que serán electos.

“La tarea del Parlamento es consagrar escaños reservados para los pueblos indígenas, para que esta nueva Constitución contenga todas las miradas y culturas que hay en Chile”, urgió la diputada mapuche Emilia Nuyado

Incompatibilidad

La Convención Constitucional estará integrada por 155 miembros, siguiendo el mismo esquema de la elección de diputados. La votación está fijada para el próximo 11 de abril y coincidirá con la de alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

Podrán postularse mayores de 18 años, pero hay incompatibilidades con cargos en organizaciones y gremios, a los que deberán renunciar si quieren participar de la Convención. Los funcionarios públicos deben también dejar sus cargos y todos los integrantes no podrán ser candidatos a ninguna otra elección hasta un año después.

Los constituyentes recibirán un pago mensual de 2,5 millones de pesos (3.200 dólares), casi un tercio de lo que recibe hoy un diputado.

Paridad

La Convención, que tendrá un presidente, deberá redactar y aprobar la nueva Constitución en nueve meses, que se podrán prorrogar por tres más, una sola vez.

En un acuerdo que hará único en el mundo al proceso chileno, existirá la paridad de género en la elección de constituyentes.

Cada lista que participe en la elección debe incluir igual número de hombres y de mujeres. Si no es par, uno de los sexos puede superar al otro en una candidatura como máximo.

En los distritos pares, serán electos igual número de hombres y mujeres; en los impares la diferencia no debe ser superior a uno.

¿Página en blanco?

La Convención debe respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y los tratados internacionales vigentes.

La nueva Constitución deberá ser aprobada por dos tercios de los miembros, pero “no está claro si cada disposición se debe aprobar por 2/3 o es sólo el conjunto de la Constitución, una diferencia de interpretación que podría tener alguna diferencia importante respecto a aquellos asuntos que se acuerden”, plantea a la AFP el abogado constitucionalista Sebastián Zárate.

Y existe el temor de que una vez constituida, la Convención pueda cambiar esta disposición.

“Independiente de las interpretaciones, la última palabra la va a tener el órgano Constituyente, que debe ser fiel al mandato”, agrega Zárate, explicando que los dos tercios son “una generalidad” en las constituciones que existen.

Un nuevo plebiscito, esta vez con voto obligatorio y una multa para quienes no asistan a votar, debe ratificar la nueva Constitución. Si no se aprueba, continuará vigente la de 1980.