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Internacionales

Excoronel salvadoreño condenado a 133 años de cárcel por asesinato de jesuitas españoles


El militar de 77 años, extraditado a España en 2017, era el único acusado en el juicio celebrado entre junio y julio por la masacre ocurrida en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en la guerra civil (1980-1992).

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La justicia española condenó este viernes a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989, en una matanza con otras tres víctimas durante la guerra civil en El Salvador.

«Debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista», dijo el portavoz del tribunal durante la lectura de la sentencia en la Audiencia Nacional de Madrid, en presencia del acusado.

Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, lo que suma 133 años y cuatro meses. Sin embargo, el máximo tiempo que podrá estar recluso según la ley española es 30 años.

En su sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, los magistrados también lo consideran responsable de los otros tres asesinatos ocurridos contra otro religioso salvadoreño, una empleada de la orden y su hija.

Pero «no pueden condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes», indicó el tribunal en un comunicado.

El militar de 77 años, extraditado a España en 2017, era el único acusado en el juicio celebrado entre junio y julio por la masacre ocurrida en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en la guerra civil (1980-1992).

En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a los religiosos.

Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar unas negociaciones de paz.

Eso, según el comunicado de la Audiencia Nacional, «les granjeó la enemistad de la extrema derecha, que temía que en la negociación se les privase de sus privilegios».

«Hoy se dio un gran paso hacia la verdad. La justicia salvadoreña sigue en deuda», expresó la UCA en su cuenta de Twitter.

La UCA añadió que el ejército salvadoreño debe pedir perdón por los crímenes perpetrados y abrir sus archivos para colaborar con la justicia local, pues de lo contrario, «difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos».

‘Se ha derrotado la impunidad’
El tribunal considera probado que los «ocho asesinatos fueron urdidos, planeados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando Montano en su condición de viceministro de Seguridad Pública», indicó en un comunicado.

Junto a otros cuatro integrantes de ese grupo, Montano «transmitió la orden de realizar las ejecuciones».

Durante el juicio, en el que compareció en silla de ruedas y con mascarilla, el coronel aseguró que no había participado en ninguna reunión «en la cual se diera la orden de matar a los curas».

Su defensa también alegó que los hechos estaban prescritos según las leyes salvadoreñas, pero la fiscalía rebatió que seguían siendo punibles en España donde se inició la investigación más tarde, en 2009, gracias al principio de justicia universal.

Tanto desde El Salvador como desde España se reclamaba impartir justicia por esos hechos, por los que hasta ahora no se había condenado a ningún autor intelectual.

«Se ha derrotado la impunidad», dijo el abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro Derechos Humanos tras la lectura del veredicto.

«Ojalá El Salvador, a partir de este momento, inicie y reinicie los juicios que en su día quedaron frustrados», añadió.

En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen y recobraron la libertad gracias a una ley de amnistía de 1993.

Uno de ellos, el exteniente Yusshy René Mendoza, declaró como testigo clave en el juicio vía telemática desde Chile, señalando a Montano como parte de la cúpula que ordenó la masacre.

Este antiguo oficial fue sobreseído en esta causa justo antes de comenzar el juicio.

En abril de 2018, un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.

La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras dejar más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

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