“Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal”, informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado.

Lee, de 47 años y quien era un supremacista blanco que después renunció a estas creencias, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la “República de los Pueblos Arios”.

La pareja asesinada tenía un importante arsenal en su casa y las autoridades calcularon que en el robo Lee obtuvo cerca de 80.000 dólares.

En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución, criticando al sistema de justicia por ignorar evidencia.

“Están matando a un hombre inocente”, dijo Lee, según el diario The Indianapolis Star.

La abogada de Lee, Ruth Friedman, denunció en un comunicado el “vergonzoso” proceso que llevó a la muerte del condenado y dijo que su cliente estuvo esperando cuatro horas en la camilla antes de ser ejecutado.

Lee, originario de Yukon (Oklahoma), fue condenado en Arkansas en 1999 y pasó 20 años en el corredor de la muerte.

La ejecución estaba prevista para el lunes pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos de la inyección letal, que se aplicaría a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.

El Departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón este martes de madrugada.

Otra ejecución prevista el miércoles
La Corte Suprema estimó que Lee y los otros detenidos “no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal”.

El próximo condenado a muerte, Wesley Purkey, de 68 años, será ejecutado el miércoles, también en Terre Haute.

Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, había pedido clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ignoró su petición.

Los familiares de las víctimas también solicitaron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que pudieran viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.

Alegaron que debían afrontar una “elección imposible” entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud, en el país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, con más de 135.615 muertos.

Pero finalmente el procedimiento siguió su curso.

El gobierno de Trump, que defiende penas más duras para los criminales, anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital, poniendo fin a una moratoria informal que estaba en vigor desde 2003.

La moratoria se sostuvo debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama.

Entonces, el fiscal general, Bill Barr ordenó que se ejecutara el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques “terroristas”, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.

El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.