La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos (acelerados) no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal cuyos casos hayan sido rechazados en primera instancia por falta de méritos, una decisión celebrada por el gobierno de Donald Trump.

El fallo, apoyado por siete de los nueve jueces de la Corte, favorece a la administración Trump, que busca acelerar la expulsión de miles de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México, una de sus principales políticas.

“¡GRAN TRIUNFO para el presidente Donald Trump en inmigración en la Corte Suprema!”, tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El caso enfrentó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) con Vijayakumar Thuraissigiam, un agricultor de Sri Lanka que, tras ser arrestado en 2017 en California a metros de la frontera mexicana, solicitó asilo aduciendo persecución en su país. Oficiales de migración en Estados Unidos dijeron no encontrar “un temor creíble” que le impidiera regresar a Sri Lanka y por lo tanto fue puesto en el proceso de “expulsión expedita o acelerada”.

La legislación estadounidense permite deportar a extranjeros de forma expedita si son detenidos dentro de las dos semanas de su ingreso al país y están a menos de 100 millas de una frontera terrestre. Sin embargo, si la persona solicita asilo su caso es evaluado por funcionarios del gobierno, no judiciales.

Thuraissigiam contestó la legalidad de su detención, presentando una petición de recurso de hábeas corpus en un tribunal de distrito. Pero el juez federal no accedió a su reclamo, y luego de la revocación por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el DHS llevó el caso ante la Suprema Corte.

La máxima instancia judicial estadounidense entendió que la legislación que busca reducir las solicitudes de asilo sin mérito con procedimientos acelerados no viola los derechos constitucionales al debido proceso, por lo que no era necesaria una revisión judicial.

“Detener a todos los solicitantes de asilo hasta que se complete el proceso de expulsión en toda su extensión supondría una carga inaceptable para nuestro sistema de inmigración”, dijo el juez Samuel Alito, quien redactó la resolución. Alito agregó que las personas a las que todavía no se les ha otorgado una entrada legal a EE. UU. no gozan del espectro completo de derechos constitucionales y que el Congreso tiene autoridad para determinar qué derechos poseen.

9,500
solicitantes de asilo están en la misma situación que Thuraissigiam.