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Internacionales

Uribe, el poderoso expresidente de Colombia, vinculado a proceso


El actual senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue vinculado de manera formal este martes por la Corte Suprema de Justicia al proceso que le sigue por los delitos de soborno y fraude procesal.

 

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“Al concluir indagatoria, senador Álvaro Uribe quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo”, indicó el tribunal en su cuenta de Twitter.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia comenzará con la recolección de pruebas para decidir si archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar a juicio al expresidente. Uribe, el político más popular de este siglo en Colombia, fue interrogado este martes por el máximo tribunal, por manipulación de testigos.

Fue la primera vez que un expresidente colombiano respondió en indagatoria ante la Corte Suprema. La indagatoria -a la que asistió sin medida de captura- se cumplió a puerta cerrada durante siete horas en el tribunal que juzga a los aforados.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, ingresó a la diligencia fuertemente escoltado y sin declarar a medios. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores.

El peso político y popularidad del también senador Uribe -jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque- hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.

De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel.

“No hay una palabra mía que viole la ley”, ha dicho Uribe. Duque lo secundó este martes: “Yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad”.

Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a Latinoamérica: la de expresidentes populares investigados o enjuiciados tras dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos.

Ocurrió así con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.

– Expectativa –
Durante la jornada, cientos de personas marcharon en defensa del expresidente. Un puñado asistió temprano a una misa en la Catedral de Bogotá antes del comienzo de la citación y luego se trasladó a la corte.

Allí se encontraron con cientos de opositores del exmandatario, que exigen prisión para él. “No más Uribe”, corearon.

Para Jairo Libreros, de la Universidad Externado, Colombia vive “un momento difícil”.

El analista dijo a AFP que “el nivel de polarización del país ha llevado a que muchos colombianos tomen posturas de apoyo o de rechazo al senador única y exclusivamente atendiendo cuestiones emocionales o de identidad ideológica, y dejan en segundo lugar el tema jurídico”.

Opositor del proceso de paz con los antiguos rebeldes de las FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y hoy es protagonista de la campaña para los comicios de alcaldes y gobernadores al lado de sus candidatos.

Aunque su apoyo ha mermado desde que abandonó la presidencia, según sondeos.

– Bumerán –
El exmandatario -señalado en varios frentes de vínculos con narcos y paramilitares- terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.

Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.

Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales, aunque ninguna había avanzado como esta.

“Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia (…) me creara estas dificultades judiciales”, dijo el expresidente, que niega los señalamientos.

 

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