Un fiscal de Nueva York aseguró ayer en una corte federal que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido el capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán.

Las explosivas declaraciones del fiscal Jason Richman tuvieron lugar en el primer día de juicio del hermano del presidente, el exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, de 41 años, acusado de negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína a EE. UU. desde 2004, durante más de una década. Tony Hernández está preso en EE. UU. desde hace casi un año. Enfrenta una sentencia mínima de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

Richman hizo esta revelación en los argumentos iniciales. El fiscal explicó a los 18 miembros del jurado que el acusado era el “protegido” del mandatario hondureño. También afirmó que el presidente Hernández recibió “millones de dólares” en sobornos de varios narcotraficantes. En el juicio contra el Chapo ya se expuso cómo el cartel pagaba a políticos para operar.

El dinero, según la acusación, habría ido destinado a financiar la campaña presidencial de 2013. El soborno buscaba de esta manera garantizar la protección del cartel y que se eliminara una ley en Honduras que permitía la extradición de narcotraficantes a EE. UU. y que sigue vigente en la actualidad.

Las revelaciones en el caso de Tony Hernández son las últimas de una serie de bombas que pintan una imagen cada vez más impactante de Honduras como un narcoestado, lo que complica aún más las relaciones con el Gobierno de EE. UU., que ha llamado al presidente Hernández un aliado en la guerra contra las drogas.

Recientemente, el presidente de Honduras estuvo en Nueva York, donde se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas y enumeró sus logros en la lucha antinarcóticos, incluida la baja en la tasa de homicidios así como la purga de 5 mil 600 policías corruptos.

Los señalamientos también parecen proporcionar evidencia de la propia complicidad del Gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió al país en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a miles de migrantes huir hacia el norte. El esperado juicio de Tony Hernández decidirá no solo su destino, sino quizás también el de Honduras.

SE DEFIENDE

Ayer, el gobierno insistió “de manera contundente” en que el fiscal “en ningún momento manifestó que el presidente recibió dinero por parte del capo Joaquín Guzmán”. Añadió que fue una “desinformación irresponsable publicada sin ninguna evidencia por algunos medios de comunicación”. Presidencia dijo que el Chapo “y sus socios hondureños se enfrentaron al valiente gobierno de Hernández que acabó con los reinados de impunidad que tenían antes de 2014”. –AFP

VÍNCULOS CUESTIONADOS

El dirigente opositor y excandidato del derechista Partido Liberal (PL) Luis Zelaya dijo que las revelaciones “reafirman” lo que ha “venido diciendo hace meses” sobre las implicaciones del gobernante en el narcotráfico. Hernández ha enfrentado intermitentes olas de protesta por supuestos vínculos con la corrupción y el narcotráfico”. –AFP

Un proceso incómodo para la elite

En Honduras el juicio contra el hermano del mandatario ha provocado una tormenta política que ha puesto nerviosa a gran parte de la elite del país.

El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, nunca fue inculpado formalmente por la justicia estadounidense, pero a la debilidad con la que gobierna tras su polémica reelección, se suman unas revelaciones que apuntan también a la cúpula del gobernante Partido Nacional y que le obligan a dar explicaciones cada día.

El ventilador de las acusaciones alcanzó también al anterior mandatario, Porfirio Lobo (2010-2014), sobre quien la fiscalía estadounidense dijo que se aprovecharon del narcotráfico para “consolidar el poder y el control en Honduras”. En el documento señala que el actual mandatario y su antecesor en el cargo “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar sus campañas. Según la fiscalía de EE. UU., el Gobierno de Honduras funciona básicamente como un narcoestado debido a que varios mandatarios han recibido sobornos a las campañas procedentes de traficantes de cocaína, a cambio de protección.

La fiscalía planifica llamar como testigos a cinco exnarcos presos en Estados Unidos que asegura fueron cómplices del acusado, entre ellos Alexander Ardón, un exalcalde que se entregó a la DEA en febrero.

Otro testigo sería Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del Cartel hondureño Los Cachiros, que declaró en 2017 haber sobornado a Tony Hernández cuando era diputado, en el marco del juicio de Fabio Lobo, el hijo del expresidente Lobo que en 2017 fue condenado en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico.