Por siete votos a favor y uno en contra, el tribunal ordenó al mandatario que promulgue sin objeciones la ley que sustenta el sistema de justicia pactado con los rebeldes, columna vertebral del acuerdo suscrito en noviembre de 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

«La corte decide remitir el proyecto de ley junto con el expediente al señor presidente para su sanción y promulgación», dijo el magistrado Antonio Lizarazo.

Los magistrados pusieron punto final a la controversia que se había generado en el Congreso en torno a las propuestas de Duque, que en la práctica pretendían modificar lo acordado con la ya disuelta guerrilla.

Según la Corte Constitucional -que en este caso opera como juez de última instancia-, las objeciones de Duque fueron rechazadas tanto en el Senado como en la Cámara (baja) de Representantes, pese a que el oficialismo controvertía la votación en el primer órgano.

Ante la falta de consenso sobre el resultado de la votación, el legislativo decidió el 2 de mayo que fuera ese tribunal el encargado de dirimir la polémica.

«Contra las decisiones de la Corte no proceden recursos», enfatizó Gloria Ortiz, presidenta del tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Política.

Duque asumió su derrota poco antes de hacerse pública la decisión.

«La decisión que tome la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos», declaró el mandatario.

El presidente planteó seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.

El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.

Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan esos compromisos.

El ahora partido FARC saludó la decisión de los magistrados.

Esto «va a contribuir mucho a despejar todo este panorama que estaba tan enrarecido. Esperamos que muy pronto el presidente Duque firme la ley estatutaria, eso nos permite tener mayor seguridad jurídica», dijo a la AFP el senador y excomandante rebelde Julián Gallo, también conocido como Antonio Lozada.