“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del gobierno en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de la protestas” del año pasado, anunció el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, en rueda de prensa.

La decisión del gobierno pone fin a un estancamiento de las negociaciones, de las que la oposición se retiró este lunes luego de que la policía reprimiera una manifestación opositora el pasado sábado en demanda de la liberación de presos políticos.

El proceso de liberación de detenidos podría comenzar esta misma semana y “no habrá una persona detenida más allá de esos 90 días”, sostuvo el empresario José Aguerri, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Se desconoce, sin embargo, el número de presos por la manifestaciones que se van a liberar, ya que la oposición anunció hoy que hay 807 detenidos, mientras que el gobierno aún no ha dado una cifra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acompañará el proceso de liberación de los detenidos, según el acuerdo alcanzado en la jornada de conversaciones de este miércoles entre las partes en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua.

Las partes acordaron una agenda de negociación de seis puntos que será abordada de forma simultánea con la liberación de los detenidos.

Convinieron además en pedir apoyo a la comunidad internacional para poner en marcha los acuerdos alcanzados, según la declaración conjunta distribuida por la presidencia.

“En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”, señala el acuerdo.

Nicaragua enfrenta sanciones de Estados Unidos, que junto a la Unión Europea (UE) han presionado por la liberación de opositores y la apertura democrática.

La crisis en el país estalló el 18 de abril con protestas que fueron duramente reprimidas, con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.