La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este miércoles su preocupación por que las sanciones dictadas por Estados Unidos contra el petróleo venezolano puedan agravar las “atroces condiciones económicas” que ya sufren los venezolanos.
Bachelet compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante su 40º periodo de sesiones para presentar un informe oral sobre la situación en Venezuela, donde en estos momentos se encuentra un equipo de investigadores de su oficina.
“Desde junio de 2018 –la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela– el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, dijo, indicando que los colectivos más vulnerables, como niños, mujeres, ancianos o indígenas “se han visto especialmente afectados”.
La expresidenta chilena definió como “atroces” las condiciones económicas en Venezuela, citando como causa la falta de acceso a bienes básicos, los problemas de infraestructura, que se traducen en escasez de agua y gas natural, el colapso del transporte público y la hiperinflación.
Además, alertó de que “la reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado la situación al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos”. Y “todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas”, apuntó.
En concreto, indicó que “el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose”, lo que repercute en la mortalidad materna e infantil y en la propagación de enfermedades infecciosas, “que habían estado previamente bajo control”.
En cuanto al sistema educativo, Bachelet señaló que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por falta de docentes y personal escolar”.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU reprochó a las autoridades venezolanas que “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
Ante este panorama, expresó su preocupación por que “las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
Los miembros de la Policía Nacional Bolivariana ayudan a organizar la distribución de agua potable a los residentes del vecindario de San Agustín en Caracas. Yuri CORTEZ / AFP
Reducción del espacio democrático
Bachelet también hizo referencia a la otra parte de la crisis venezolana. “Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular, la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas”, señaló.
Durante los primeros meses de 2019, la Oficina del Alto Comisionado documento “numerosas violaciones y abusos de los Derechos Humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados pro gubernamentales” que incluyen asesinatos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y actos de amenaza e intimidación.
La ex mandataria latinoamericana aprovechó para informar de que la ONU está investigando las denuncias sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales. Según Bachelet, en 2018 se informó de al menos 205 muertes y solo durante el pasado mes de enero en Caracas de otros 37 asesinatos.
Las muertes se han atribuido a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que actuaría conforme a un “patrón”. “Ocurren durante allanamientos ilegales a domicilios”, la mayoría en barrios pobres, y se notifican como bajas por “confrontación armada”. “Me preocupan los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”, ha declarado.
Ha expresado igualmente su “inquietud” por “el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio (…) para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
“Compromiso real”
Con todo ello, se declaró “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los Derechos Humanos” en Venezuela, subrayando que “constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Una consecuencia tangible de “esta vasta crisis humanitaria”, ha continuado, es que más de tres millones de personas han huido de Venezuela en busca de comida, atención médica, empleo y protección” y se han tenido que enfrentar a “las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras”.
Bachelet agradeció los países de la región sus “esfuerzos” para atender a los migrantes venezolanos, si bien ha reclamado que se les facilite documentación que les permita una migración ordenada y acceso a los servicios básicos y al empleo y ha urgido a combatir la xenofobia y la discriminación.
Sobre una posible salida, la Alta Comisionada pidió “que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de Derechos Humanos, porque “la polarización está agravando una situación de por sí crítica”.
“Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país”, encargó al Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, reiteró el “compromiso permanente” de su oficina “con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de Derechos Humanos en Venezuela”.
A este respecto, confió en que el Gobierno permita en el futuro a los emisarios de la ONU un “acceso total e irrestricto” de manera continuada, así como en que “no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.
