Unas cien personas encarceladas en Nicaragua durante los últimos meses, en el marco de las protestas convocadas contra el Gobierno de Daniel Ortega, se han beneficiado en las últimas horas de órdenes judiciales que les permiten permanecer bajo arresto domiciliario, en un aparente gesto de cara a la reanudación del diálogo político.

“Se habla de cien personas liberadas […] solo en la CPDH tenemos 51 personas secuestradas (presas), porque no tienen ningún proceso y están detenidos de manera ilegal”, afirmó el abogado Marcos Carmona, presidente de la Comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Se trata de parte de los más de 700 manifestantes detenidos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra el gobierno de Daniel Ortega. “Me dijeron que me dieron casa por cárcel”, expresó Carlos Valle, uno de los liberados, quien dijo sentirse “feliz” de estar de nuevo en su casa.

Las órdenes emitidas el martes por la tarde apelan a la “paz”, la “armonía” y la “unión familiar” para autorizar a unos cien presos que puedan permanecer en sus casas, a condición de que cumplan una serie de requisitos como no salir del país, personarse una vez al mes en dependencias judiciales o buscar trabajo, según los autos consultados por el diario ‘La Prensa’.

Las medidas se han traducido este miércoles en las primeras excarcelaciones, con familiares agolpados a las puertas de las cárceles para esperar un cambio de tendencia que llega en un momento clave, ya que este mismo miércoles arranca una nueva ronda de diálogo con la que Ortega espera aliviar las tensiones del último año.

Un fotógrafo de la AFP observó que los detenidos eran entregados por agentes penitenciarios en sus respectivas casas. INTI OCON / AFP

El Gobierno niega que existan presos políticos en el país centroamericano y asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado medidas represivas contra cualquier atisbo de disidencia.

Las protestas que vivió Nicaragua entre abril y julio de 2018, desencadenadas en un primer momento por un plan de reforma de la seguridad social, se han traducido en cientos de detenidos, muchos de los cuales llevan recluidos en prisión preventiva “largos periodos de tiempo”, según un reciente comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Diálogo

Las conversaciones entre el Gobierno y la oposición permanecen suspendidas desde mayo de 2018, cuando las protestas derivaron en violentos enfrentamientos que, según organismos defensores de Derechos Humanos, dejaron más de 320 muertos y 600 detenidos.

“Vamos a negociar para consolidar la paz”, anunció Ortega la semana pasada, en un discurso en el que reveló su intención de volver a sentarse a la mesa de diálogo este 27 de febrero. Será en teoría con menos participantes y sin cámaras, porque considera que televisar los encuentros “no es correcto en una negociación”.

El hermetismo ha sido de hecho la nota dominante en las horas previas al arranque del diálogo, ya que por ahora no se saben ni los temas que se abordarán ni quiénes representarán al oficialismo en esta nueva ronda. La Alianza Cívica, que aglutina a movimientos opositores, ha apuntado en un comunicado que las primeras reuniones servirán para “dehar claras las reglas de negociación”.

El mandatario manifestó que el gobierno esta haciendo esfuerzos para “instalar la mesa para la negociación el próximo miércoles 27” con representantes que la oposición determine.https://t.co/ouhYpfjBgj

— Mundo/Inter (@mundo_elP) February 22, 2019