El Departamento de Justicia de California publicó el martes el resultado de una auditoría hecha en 2018 a los 10 centros de detención para indocumentados en este estado, ordenada en una ley aprobada un año antes en respuesta a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Estamos comprometidos con el bienestar de todos en California, incluidos aquellos en centros de detención locales con procedimientos migratorios pendientes, dijo el fiscal general, Xavier Becerra, al presentar el reporte.

Las condiciones varían de un centro a otro, pero los inspectores encontraron varios puntos comunes que destacaron, como el alto tiempo de confinamiento.

“Algunos detenidos pueden estar confinados a las celdas durante 22 horas al día”, señaló el reporte, que también destacó que barreras del idioma comprometían en muchos casos la confidencialidad médica y legal, y dificultaba el acceso a servicios básicos.

La auditoría detectó “exámenes médicos superficiales” practicados a los internos y atención médica “retrasada o inadecuada”. También destacó que el personal psiquiátrico aplica “prácticas inseguras de vigilancia suicida y aislamiento disciplinario”.

Muchos centros igualmente limitan las visitas de contacto (sin un vidrio entre el detenido y el familiar o amigo) y el uso del teléfono. También identificaron serios problemas con el acceso a representación legal, “dejando a los detenidos navegando solos por la complejidad de las leyes migratorias”.

La policía migratoria federal ICE, encargada de la detención de indocumentados, dijo a la AFP que “está comprometida con el bienestar de todos quienes están bajo su custodia” para que reciban “un trato humano y profesional”.

“La seguridad, los derechos y la salud de los detenidos bajo el cuidado de ICE son de suma importancia y todos los centros de detención de ICE están sujetos a inspecciones rigurosas y regulares”, indicó la nota.

Más de 74.000 indocumentados han pasado por estas 10 instalaciones en los últimos tres años, con edades que van desde los 13 hasta los 95 años, y procedentes de 150 países, incluidos México, Guatemala, Haití y Argentina, así como también Francia, Alemania, Ghana, China y Canadá.