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Internacionales

Ortega arremete contra las ONG y presiona a sus críticos


Entre las organizaciones afectadas se encuentra el Centro de Investigaciones de la Comunicación dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico del gobierno sandinista.

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El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, retiró ayer la personería jurídica a otras cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) críticas con el presidente Daniel Ortega a petición del Ministerio de Gobernación, informaron fuentes legislativas.

Loira Dixon, primera secretaria de la Cámara, dijo que entre las ONG sancionadas figuran la fundación de desarrollo social Popol Na, creada por la exguerrillera sandinista y opositora Mónica Baltodano, y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Chamorro, hijo de la presidenta Violeta Barrios (1990-1997), es uno de los periodistas más críticos del gobierno de Ortega. Cinco es una ONG especializada en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública con énfasis en el estudio de los medios de comunicación. Tiene bajo su tutela dos programas de televisión, un observatorio de medios y el influyente portal de noticias Confidencial.

El fundamento legal enviado por el Ministerio de Gobernación (Migob), para justificar la anulación de la personería jurídica de Cinco, afirma que se utilizo a la ONG Cinco “para la comisión de actos ilícitos y violentar el orden público, promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, promoviendo, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses, con la cantidad de acciones cometidas para la desestabilización del país”.

El legislativo suspendió, por mayoría, los permisos legales del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILSS), dirigido por la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo; del Instituto para la Democracia (Ipade) y de la ambientalista Fundación del Río, confirmó Dixon.

Según el texto aprobado, las cinco ONG cometieron “actos ilícitos”, “violentaron el orden público” y actuaron “en actividades que no corresponden con los fines para los que fueron constituidas”.

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