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Internacionales

CIDH denuncia “consolidación de un Estado policial” en Nicaragua


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el jueves la “consolidación de un Estado policial” en Nicaragua, con violaciones cotidianas de los derechos humanos y un deterioro progresivo de las libertades desde el estallido en abril de multitudinarias protestas antigubernamentales.

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En una audiencia pública durante el 170 periodo de sesiones de la CIDH, el secretario general, Paulo Abrao, y la relatora especial para Nicaragua, Adriana Urrejola, destacaron el aumento en la última semana de la represión contra activistas y medios de comunicación en el país.

“No hay un solo día en Nicaragua en que la CIDH no recibe una denuncia de violación de los derechos humanos en el contexto de la represión”, dijo Abrao, subrayando el “ambiente de intimidación y de miedo” en que viven los nicaragüenses.

“Nos ha llamado mucho la atención a la CIDH, en las distintas fases de la represión, la instalación y consolidación de un efectivo Estado policial en el país”, afirmó.

Atender la situación en Nicaragua es una “prioridad” para la CIDH, señalaron Abrao y Urrejola.

La CIDH ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, que comenzaron el 18 de abril como una protesta contra una reforma al sistema de pensiones y derivaron en pedidos de renuncia del mandatario y llamados a elecciones anticipadas.

La represión deja 325 muertos, según la CIDH, y 198, según la policía.

“En la última semana ha habido una intensificación de las hostilidades y del hostigamiento (a los opositores). Lo hemos visto en los defensores de derechos humanos, en los periodistas, en los estudiantes y en general en cualquier voz disidente”, dijo Urrejola.

– “Nada está normal” –
Destacó “la total falta de garantías del debido proceso y acceso a la justicia” que afecta al movimiento ciudadano, y la “preocupante” celeridad del gobierno para actuar en casos de “terrorismo”, pero no para investigar las muertes ocurridas durante las protestas.

“Hay una supresión absoluta de las libertades fundamentales, hay un terror que se está instalando”, dijo el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, al relatar “amenazas graves de grupos paramilitares” a periodistas, que forzaron su salida del país.

La cita en Washington para tratar la “represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua” fue celebrada por la CIDH a petición de 14 organizaciones no gubernamentales.

Pero las autoridades nicaragüenses no se presentaron, al igual que ocurrió en la audiencia realizada en el 169 periodo de sesiones de la CIDH, realizada en octubre en Boulder, Colorado.

Durante la audiencia del jueves, representantes de las ONGs denunciaron detenciones y secuestros, persecuciones, torturas, atropellos a la libertad de expresión, exilios forzados, penas de 24 años de cárcel por “terrorismo”, excesos de paramilitares que nunca son juzgados y policías encubiertos que fungen como testigos falsos, entre otras arbitrariedades.

“En Nicaragua nada está normal”, dijo José Ignacio Gómez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El gobierno de Ortega vincula a las personas que participaron en las protestas a un fallido golpe de Estado.

 

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