El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega realizó cambios en la jefatura de la Policía Nacional, en cuyo cargo puso a su consuegro, el comisionado Francisco Díaz, publicó este jueves el diario oficial la Gaceta.

El acuerdo presidencial señala que Díaz, quedará en posesión de su cargo a partir del 5 de septiembre, mientras que la Primer Comisionada Aminta Granera pasará a retiro.

Granera, fungía desde 2011 como directora de la entidad policial, pero desapareció del escenario público a finales de abril en medio de rumores de renuncia tras el estallido de protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos, 2000 heridos, detenidos y desaparecidos.

El comisionado Díaz es uno de los cuatro funcionarios de Nicaragua sancionados por Estados Unidos con la llamada Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.

El Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer el 5 de julio la adopción de sanciones contra Díaz, quien ya fungía como subdirector de la Policía Nacional y lo señaló por “abusos a los derechos humanos y corrupción”.

“Daniel Ortega es más criminal que Somoza”, aseguró Mónica Baltodano, quien fue una emblemática guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. https://t.co/maROKOkSF4

— Mundo/Inter (@mundo_elP) 23 de agosto de 2018

Diaz “es considerado el líder de hecho y ha conducido diariamente” a la policía, dijo entonces el Departamento de Estado.

En esa función, Díaz “se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales”, según los alegatos del Tesoro estadounidense.

El acuerdo presidencial de Ortega, también ratificó en sus cargos de subdirector a los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán, éste último al frente de la plaza de Masaya, una de las ciudades más castigadas por las fuerzas combinadas de la policía y paramilitares.

Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma a la seguridad social que devino en una demanda política de salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.