Kennedy era considerado un moderado. Sus decisiones solían inclinar la balanza en una corte dividida. En cuestiones sociales, solía colocarse del lado de sus colegas más liberales. Su retiro se concretará a fines de julio, indicó la corte en un comunicado.

«Ha sido el mayor honor y privilegio servir a nuestra nación en el poder judicial por 43 años, 30 de ellos en la Corte Suprema», afirmó en su carta de renuncia Kennedy, que era una voz destacada en la jurisprudencia sobre derechos civiles.

Trump afirmó que se enteró de la salida de Kennedy hoy más temprano cuando el juez fue a la Casa Blanca para informarle su decisión. El proceso de reemplazo comenzará «de inmediato», dijo. «Con suerte elegiremos a alguien que sea igual de extraordinario» que Kennedy, apuntó.

El presidente estadounidense precisó que elegirá a un reemplazo de una lista existente de 25 potenciales nominados, la misma que usó para elegir a Gorsuch.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que esa cámara nombrará al nuevo juez a fines del otoño (boreal). El 8 de noviembre tendrán lugar importantes elecciones parlamentarias en Estados Unidos.

Kennedy fue el autor de varias legislaciones clave, incluyendo una reciente sobre derechos de las personas homosexuales.

El juez se había sumado a la corte en 1988, después de ser nominado por el presidente Ronald Reagan. Las designaciones de los altos magistrados son de por vida.

La Corte Suprema es de gran importancia política. No pocas veces tiene la última palabra en temas clave en los que queda de manifiesto la división en Estados Unidos, como aborto, inmigración o tenencia de armas.

Sus decisiones suelen ser de alcance nacional y marcan los fallos de instancias judiciales menores durante años. Con la elección de un candidato, el presidente puede influir en la composición del alto tribunal durante mucho tiempo.

En los últimos días, la Corte Suprema fue acusada por demócratas de haberse convertido en un brazo de las políticas de Trump. El tribunal decidió con cinco votos a cuatro, por ejemplo, que el controvertido veto migratorio de Trump para personas de varios países era acorde a la Constitución. Este miércoles también decidió que las cuotas gremiales obligatorias para los no afiliados son inconstitucionales, lo que representa un duro golpe para los sindicatos del sector público.