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Internacionales

Ser candidato, una “sentencia de muerte”


Varios candidatos mexicanos reconocieron hacer su campaña con miedo, y algunos han decido tomar la seguridad en sus manos.

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Ser candidato en México “prácticamente es una sentencia de muerte”, dice casi susurrando Mario Alberto Chávez, aspirante a la alcaldía de Zumpango, en el violento estado de Guerrero. Este sobreviviente de un atentado hace “campaña con miedo” porque no tiene escoltas a pesar de haberlas solicitado.

“Iba a renunciar, pero decidí que vale la pena seguir para sacar a mi comunidad de la pobreza y la inseguridad”, explica Chávez.

El 18 de abril, el candidato cenaba en un restaurante de Zumpango cuando un hombre armado irrumpió y sin mediar palabra abrió fuego contra su mesa dejando heridos a tres de sus colaboradores.

La violencia electoral se ha sumado a la angustia de los mexicanos que cerraron 2017 con la cifra récord de 25 mil 339 asesinatos.

Más de 200 mil personas han sido asesinadas y otras 30 mil están desaparecidas desde que en 2006 el gobierno militarizó el combate al narcotráfico. Además, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado –que concluirá el 1 de julio con la elección del presidente y otros 18 mil puestos– al menos 114 políticos y candidatos han sido asesinados, de acuerdo con la consultora Etellekt.

En Guerrero, 496 candidatos renunciaron y solo 56 de esas candidaturas fueron sustituidas, de acuerdo con la autoridad electoral.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó: “¿el contexto de violencia en el país irrumpe en la política? La respuesta es sí y es grave”.

Córdova señala directamente a las fuerzas de seguridad como responsables de la sangre de políticos que corre por lo menos una vez a la semana.

En algunos casos los motivos parecen estar claros. El 8 de junio Fernando Purón, un exalcalde de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, aspirante a una diputación federal, fue asesinado al salir de un debate en el que recordó su combate contra el cartel Los Zetas.

El Gobierno había recibido hasta el 19 de junio 49 solicitudes de escoltas a nivel federal, pero solo han sido otorgadas 12, cinco fueron rechazadas y 32 siguen pendientes.

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