El anuncio fue hecho en rueda de prensa por representantes de los sectores que integran la coalición -empresa privada, sociedad civil, movimiento estudiantil y productores campesinos-, tras un creciente aumento de la violencia y el terror en las principales ciudades del país.

La huelga supone la paralización de actividades en todo el sector privado de la economía, incluyendo el comercio, el turismo y el transporte público y de carga en todo el país.

En un documento leído ante los periodistas, los opositores instaron a los trabajadores públicos a que también se ausenten «de manera masiva» de sus puestos de trabajo, a fin de que no sufran represalias por parte del Estado.

El sistema de educación pública y privada en todos sus niveles está paralizado desde hace semanas, a raíz de la crisis que ha dejado más de un centenar de muertos desde abril pasado, según organismos de derechos humanos independientes.

La Alianza exigió de Ortega «una repuesta inmediata a la Conferencia Episcopal sobre la reanudación del diálogo nacional», entendido como “el camino para revisar el sistema político de Nicaragua de raíz” a fin de “lograr una auténtica democracia y justicia».

El diálogo quedó suspendido el 23 de mayo, debido a que la delegación oficial se negó a incluir en la agenda el tema de la democratización, que incluye una convocatoria a elecciones anticipadas y el retiro de Ortega del Gobierno a corto plazo.

«Este es un paro cívico, nacional y pacífico, que abarca a todo el país y a todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la protección de la vida», señaló el comunicado.

A la conferencia asistieron varios empresarios encabezados por José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Consultado sobre si el gran capital financiero y comercial también respalda la huelga, Aguerri dijo: “Estamos instándolos a que se sumen a este paro”.

También dijo que la huelga será “un paro por el futuro” del país. “Ya los nicaragüenses no podemos despertar pensando cuántas vidas se perdieron ayer y cuántas se van a perder el día de hoy. Esa no es la Nicaragua que queremos”, señaló Aguerri.

A 55 días de iniciada la crisis, la más grave en la historia reciente de Nicaragua, la población de Managua y otras ciudades vive desde hace una semana un virtual estado de sitio impuesto por paramilitares que han tomado férreo control de las calles.

Cada tarde, hombres de civil, encapuchados y armados con fusiles de asalto AK-47 patrullan las ciudades y disparan contra negocios, motociclistas o peatones, sembrando la zozobra entre la población. La oposición afirma que están ligados a la Policía y al gobernante partido Frente Sandinista.

Este martes, el país vivió una nueva jornada de violencia en la que al menos cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas y detenidas, cuando el Gobierno intentó remover los “tranques” (bloqueos) en las carreteras y las barricadas urbanas en las ciudades de Managua, Jinotepe (sur) y Jinotega (norte).

En Jinotepe, capital de la provincia de Carazo, a 50 kilómetros de Managua, fuerzas de la Policía y paramilitares atacaron a manifestantes civiles, en su mayoría estudiantes. Se reportó la muerte de dos veteranos de guerra, un número no precisado de heridos y la destrucción de la casa del alcalde, Mariano Madrigal.

Mientras, en la norteña Jinotega, a 140 kilómetros de Managua, un hombre de 21 años murió en un tiroteo mientras un adulto no identificado fue encontrado muerto cerca del mercado municipal. Otro campesino falleció tras ser baleado en la localidad minera de Siuna (noreste).

En un mensaje en las redes sociales, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua(CEN), condenó los sucesos violentos de las últimas horas y llamó “a las autoridades a detener los ataques contra la población” civil.

Previamente, en Managua, fuerzas paramilitares habían atacado a estudiantes tras barricadas en los alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), las que fueron posteriormente removidas por maquinaria de la Municipalidad.

También en El Crucero, 24 kilómetros al sur de la capital, policías y armados de civil realizaron redadas y capturaron a una veintena de jóvenes y adolescentes, según denunciaron vecinos de la zona.

Más de 50 personas, familiares de los detenidos, se aglomeraron este mediodía frente a las oficinas de Auxilio Judicial de la Policía, en Managua, para reclamar su excarcelación.

Mientras, los gobiernos de Costa Rica, Colombia y México reiteraron por separado su preocupación por la situación en Nicaragua y exhortaron a la reanudación del diálogo nacional como única forma de resolver el agudo conflicto.