El Departamento estadounidense del Tesoro sancionó ayer al dirigente venezolano Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), en un aumento de la presión a Venezuela a dos días de las elecciones presidenciales.

Cabello, apuntado como uno de los hombres más influyentes de su país, fue acusado por el Tesoro de participar en diversas actividades de corrupción, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y apropiación de fondos públicos.

En una nota oficial, el Departamento del Tesoro anunció asimismo sanciones contra tres allegados del dirigente: su hermano José David, su esposa Marleny Contreras, y el empresario Rafael Alfredo Sarria.

De acuerdo con el Tesoro, en septiembre de 2017 el dirigente venezolano y su hermano José David “aprobaron un sistema de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas que tenían como objetivo la estatal PDVSA”.

El papel de Sarria, afirmó el Tesoro, habría sido “lavar dinero de funcionarios venezolanos mediante la compra de propiedades desde el año 2010”, operaciones en las que actuaba como “testaferro” de Cabello. Con estas sanciones, las propiedades o bienes que Cabello y sus allegados posean en Estados Unidos resultan congeladas, en tanto se les prohíbe establecer relaciones comerciales en ese pais.

Coyuntura crítica

El último anuncio de sanciones estadounidenses ocurre en momentos en que Venezuela se encuentra en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de mañana, comicios que Washington había pedido que se suspendan.

El presidente Nicolás Maduro es favorito en una disputa que incluye al opositor Henri Falcón, un disidente del chavismo, y el pastor evangélico Javier Bertucci.

Ayer, el Gobierno venezolano consideró como una mentira más del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la denuncia de que Caracas está trasladando colombianos para que voten por Maduro.

“Cada vez que el señor Santos dice una barbaridad es para ver si alguien le presta atención”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de campaña de Maduro.

Santos aseguró el jueves que, según informes de inteligencia, el gobierno de Maduro puso en marcha un plan a fines de 2017 para entregar cédulas a colombianos y que puedan emitir su voto, a cambio de dinero.

Crisis migratoria

El Grupo de Lima, conformado por 12 países, se quejó ayer del impacto provocado por el incremento masivo de la migración venezolana, refutando a Maduro, quien afirmó que en su país no existe una crisis migratoria. “El deterioro de la situación económica, social y humanitaria en Venezuela ha provocado en los últimos dos años un incremento masivo de la migración venezolana”, indicó un comunicado. Entre 2017 y 2018, dentro de los miembros del Grupo, Colombia ha recibido 800 mil venezolanos, Perú 298 mil 559, y Chile más de 160 mil.  –AFP

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funcionarios, incluidos el presidente Nicolás Maduro y 15 entidades, ha sancionado el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con la Agencia de Control de Activos Extranjeros (OFAC).