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Internacionales

Expresidente Saca ante la justicia por peculado, lavado y desvío de US$298 millones en su gobierno


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Abogados defensores de siete exfuncionarios sindicados piden suspender audiencia para estudiar nuevas pruebas que la Fiscalía entregó al juzgado.

 

 San Salvador – El expresidente Elías Antonio Saca, junto a seis de sus excolaboradores, acudió este lunes a una audiencia judicial para hacerle frente a cargos de peculado y lavado por el supuesto desvío de US$298 millones.

“Es una audiencia en donde el juez debe valorar las pruebas del caso, determinar si son suficientes y robustas para que el proceso judicial continúe contra Saca y los otros involucrados”, explicó a la AFP un portavoz del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Se involucra a Saca, su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes, y los colaboradores Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Antes del inicio de la diligencia en un tribunal de San Salvador, sus defensores solicitaron que fuera suspendida, pues no habían podido revisar nuevas pruebas que el Ministerio Público entregó al juzgado.

“Estamos pidiendo igualdad de condiciones, la fiscalía ha presentado nuevas pruebas contra nuestros clientes, que como defensa no hemos tenido oportunidad de revisar y que nuestros clientes no conocen”, dijo el abogado de Saca, Mario Machado.

Saca, de 53 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido en el centro Penal La Esperanza, en el norte de la capital. Es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado por enriquecimiento ilícito o desvíos de recursos públicos.

Los otros dos son Francisco Flores (1999-2004), quien el 30 de enero de 2016 murió por un derrame cerebral mientras cumplía arresto domiciliar, y Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua y declarado en noviembre pasado culpable de enriquecimiento ilícito.

Un juzgado ordenó a Funes devolver al Estado US$206,665 y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por diez años, una sentencia apelada en enero por el exgobernante.

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