En México, los militares que violan los derechos humanos gozan de impunidad por fallas en el funcionamiento de la fiscalía, indicó el martes WOLA, una ONG en Estados Unidos que promueve el fortalecimiento del sistema de justicia en las Américas.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señaló las fallas de la fiscalía mexicana en su informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.

“La Procuraduría General de la República (PGR) no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”, señaló el reporte, que se basa en datos obtenidos por solicitudes de información.

Esas estadísticas oficiales le permitieron determinar que, entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por uniformados, la mayoría por tortura y desaparición forzada, pero sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos en el sistema de justicia civil, lo que supone una tasa de éxito de 3,2 por ciento.

En su estudio, WOLA también apuntó que “la gran mayoría” de las pesquisas son por casos que involucran a soldados de bajo rango, y no a sus superiores jerárquicos, aunque se cuenta con evidencia de órdenes abusivas contra civiles emitidas por oficiales de alto rango que no han respondido por sus acciones.

“La PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, autora principal del informe.

“Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, agregó en un comunicado.

El informe halló solo dos casos en los que se investigaron superiores jerárquicos de soldados en el periodo estudiado.

“Las órdenes de los superiores jerárquicos de ‘abatir’ civiles o ‘tirar a matar’ han ocurrido prácticamente con total impunidad”, señaló WOLA, que halló una “constante” “falta de voluntad” de la PGR para investigar y perseguir estos casos.

“El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, remarcó Suárez.

El informe reconoció que se han realizado reformas legales para que estos casos se investiguen en la justicia civil y no en el sistema militar, pero concluyó que se necesita “una segunda generación” de cambios para garantizar seriedad y éxito en las investigaciones.

Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de WOLA, deploró que “por demasiado tiempo” los políticos mexicanos hayan confiado en el Ejército para combatir a la delincuencia organizada sin responder por las consecuencias de esas decisiones.