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Internacionales

Manifiestan en España contra el referendo en Cataluña


La región española posee una lengua y cultura propias. Además, representa un 16 por ciento de la población de España y un 19 por ciento de su PIB.

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Miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona y varias ciudades de España en contra del referéndum de independencia previsto para hoy en Cataluña, al que el presidente regional no piensa renunciar a pesar de la oposición de Madrid.

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno de Mariano Rajoy, el ejecutivo del noreste de España está decidido a celebrar esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional español.

Hoy, “lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos”, afirmó el presidente regional Carles Puigdemont. Este proyecto mantiene divididos a los 7.5 millones de catalanes.

Catalonia is Spain (Cataluña es España)” o “Nosotros también somos catalanes”, eran algunas consignas de los inconformes en el centro de Barcelona. En Madrid, Valladolid, Santander, Sevilla o Valencia también llovían críticas al nacionalismo catalán además de alguna que otra al gobierno español.

“El Estado tiene que hacer política, tiene que convencer de lo bueno que es estar unidos, en lugar de repetir todo el tiempo que el referendo es ilegal”, lamentaba Rafael Castillo, ingeniero, en Madrid.

Pero las relaciones entre ambos ejecutivos son casi nulas desde que el presidente regional Puigdemont decidió convocar este referéndum sabiendo que el Tribunal Constitucional lo juzga ilegal.

Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41.1 por ciento a favor y 49.4 por ciento en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio.

Pero también, que más del 70 por ciento de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.

“Si el Estado español hoy dice vamos a acordar un referéndum (…) Vamos a para esto”, afirmó Puigdemont, dispuesto a desconvocar la consulta. Pero si no fuera así, “el gobierno (catalán) lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad”.

Su ejecutivo dice disponer de un censo de 5.3 millones de personas que podrían votar en los 2 mil 315 circuitos electorales repartidos por toda la región.

En un esfuerzo por desmantelar la logística del plebiscito, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación. Además, el gobierno español cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para impedir la votación.

Este último cuerpo bloqueó ayer las conexiones telemáticas de los centros de votación, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido “una votación online mediante una web”, informó el delegado del gobierno español en Barcelona Enric Millo.

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