Ivan Henry, de 69 años, presentó la demanda después que la justicia revocó en 2010 la condena que se le impuso por diez agresiones sexuales, ocho de ellas a mujeres, ocurridas entre 1981 y 1982.

La justicia le concedió una indemnización de ocho millones de dólares canadienses (unos 6,3 millones de dólares estadounidenses).

En el fallo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Columbia Británica, Christopher Hinkson, dijo que los fiscales no revelaron evidencia clave, lo que “infringió seriamente el derecho de Henry a un juicio justo”.

El juez volvió sobre una serie de pruebas que no habían sido utilizadas en el juicio, como declaraciones de testigos y evidencias forenses incluyendo huellas dactilares y marcas encontradas en las escenas del delito.

Los fiscales nunca le comunicaron al acusado que la policía creía que otra persona era responsable de al menos uno de los ataques.

En el juicio, Henry se representó a sí mismo y fue condenado básicamente por lo que el juez describió como una débil identificación hecha por algunos testigos.

Henry fue declarado delincuente peligroso debido a lo que se consideró una conducta depravada, lo que permitió al estado encarcelarlo indefinidamente.

Décadas más tarde, otro hombre confesó tres de los delitos y fue a prisión, donde murió al poco tiempo.