Los desesperados padres de los estudiantes encabezan la “Marcha de la Indignación Nacional“, que llegará hasta la emblemática plaza del Zócalo, llevando grandes fotos de sus hijos y gritando consignas en repudio de la versión oficial sobre este crimen perpetrado supuestamente por policías coludidos con narcotraficantes.

“No podemos descansar en nuestra búsqueda”, dijo a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

Con carteles que dicen “Crimen de Estado” o “Fuera Peña”, grupos de amigos y familias enteras marchan por el céntrico paseo de la Reforma, donde un niño sentado en su coche sostenía una pancarta que decía “Ni uno más”.

“Venimos con sed de justicia, no puede haber más impunidad. Detrás de los 43 están miles de desaparecidos”, dijo Sofía Rojas, alumna de estudios latinoamerianos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hace unos días, los padres de los estudiantes llegaron desde el convulsionado estado de Guerrero (sur) hasta la capital para realizar un ayuno de 43 horas en honor a sus hijos y para entrevistarse el jueves con el presidente Enrique Peña Nieto.

En esa reunión, la segunda del mandatario con los padres desde que ocurrió el crimen, Peña Nieto les aseguró que la investigación sigue abierta y anunció la creación de una fiscalía especializada en localizar a los más de 20.000 desaparecidos que hay en el país.

“A un año de distancia de los trágicos hechos en Iguala, reitero el compromiso del @GobMX con la verdad y la justicia”, manifestó el presidente en Twitter, antes de partir este sábado a Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas, un viaje que ha generado polémica por el simbolismo de la fecha.

Pero los desilusionados padres le reprocharon la “mentira histórica” sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche del 26 de octubre de 2014, y exigen la supervisión internacional de las investigaciones.

Un grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echó por tierra las conclusiones dadas a conocer por la fiscalía general sobre este caso, atizando la ira y desesperación de los padres que desde hace un año encabezan protestas, a veces multitudinarias y violentas.

De su lado, la ONU abogó el viernes por un “replanteamiento general” de la investigación oficial y el esclarecimiento de sus “irregularidades”, que incluyen “informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones y alteración de evidencias”.