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elPeladero

El hospital de COVID de los corruptos doctores de la muerte


> Beneficiarse de las calamidades sociales es una práctica común en el país. Mientras miles de guatemaltecos sufren pérdidas y enfermedades, otros se benefician del desastre que dejan tras de sí los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, y engordan sus bolsillos a base de la corrupción de las entidades públicas obligadas a prestar asistencia y protección o sacando el mayor provecho económico de las desgracias ajenas. Y así como muchos médicos y salubristas han dado literalmente la vida, en actitud heroica, para salvar a los damnificados por la pandemia del COVID-19, grupos que solo pueden calificarse de antisociales y degenerados han encontrado en la pandemia la situación ideal para lucrar con la salud, los temores y la desprotección de una población víctima de la precariedad del sistema de salud nacional.

Hace algunos días, a partir de las denuncias por cobros excesivos, fue clausurado en Quetzaltenango el hospital privado El Rosario, abierto fraudulentamente, a finales de 2020, para atender a pacientes infectados de coronavirus, por siete médicos que prestaban sus servicios en el Hospital Temporal de COVID-19 de la región occidental (CEFEMERQ). Sobre el sanatorio corren una serie de macabras historias de estafas y abusos, dignas de los doctores de la muerte de aquellas películas de terror de antaño. Existen testimonios sobre las deplorables condiciones de limpieza, de pacientes muertos en los patios o el caso de una mujer embarazada que falleció junto con su hijo durante el parto, suceso que provocó las investigaciones en torno a las malas prácticas médicas en el recinto. 

El hospital —que se anunciaba en redes sociales como el primer centro privado en Quetzaltenango para atención de pacientes de COVID-19, “con todas las medidas de bioseguridad, con el mejor equipo y material humano experimentado”— funcionaba sin licencia sanitaria y era manejado por una estructura delincuencial ligada al sistema de salud. Médicos que prestaban sus servicios en el CEFEMERQ, al identificar pacientes infectados de coronavirus con recursos económicos, les negaban auxilio y cama y les ofrecían trasladarlos al hospital El Rosario, donde la tarifa por atención diaria oscilaba entre Q20 mil y Q30 mil. Al agravarse su situación de salud, o al no poder pagar más por los servicios, los sacaban y los ingresaban al Hospital Temporal, donde morían. El centro aplicaba tratamientos con medicinas robadas del Ministerio de Salud y del IGSS. El director médico del sanatorio, Álex Loarca Chávez, es asimismo el director administrativo del CEFEMERQ y yerno de Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, entidad encargada de supervisar que los hospitales privados funcionen con las licencias respectivas.

En declaraciones a la prensa, Nájera alegó: “No es competencia nuestra ir a verificar que los hospitales tengan permisos o no. Nuestra competencia solo se circunscribe a revisar cantinas, restaurantes, discotecas o cafeterías. Si ellos no tienen los permisos respectivos, es facultad nuestra cerrar, pero en este caso no”.

Otro personaje ligado a este negocio corrupto es el médico Salvador Soto, quien además maneja una estructura en el Área de Salud dedicada a extorsionar a quienes solicitan licencias sanitarias. Este solo ha declarado que el hospital fue cerrado por no tener licencia e intenta por todos los medios que la información sobre el caso no salga a luz.

Negocio de familia

Recientemente fue despedida de la Empresa Portuaria Quetzal la licenciada Elbia Lissete Bonilla Berganza. Según se escucha en los pasillos, fue despedida porque la descubrieron haciendo transas con sus allegados, y principalmente con el señor Eliseo Vargas (hermano del diputado Estuardo Vargas), a quienes les firmaba todos los proyectos, desde los más grandes hasta las bajas cuantías. Los señores Vargas nunca hacen los trabajos y tampoco entregan productos; sin embargo, reciben significativos derechos de peaje permanentes desde tiempos de Sandra, quien, en reciprocidad, siempre ha sido financiada de manera abundante por la operación de la rampa y de la empresa de videos que filma, paradójicamente, todo lo que pasa por las rampas, con el aval de los capos que por décadas han tenido cooptada Santo Tomás de Castilla. Con los recursos cuantiosos provenientes de estas fuentes, Sandra logró escapar impunemente de la justicia. Entre los peones que autorizan todos los proyectos están el gerente de Mantenimiento, Luis Pivaral de la Vega; el jefe de Mantenimiento, Armando Beteta; el subjefe de Mantenimiento, Julián Milián, y el jefe de Almacén, Édgar Andrade Sanabria. En esta red también está Jacqueline Vargas Morales, quien por años tiene plaza fantasma, ya que nunca llega a trabajar a esta institución, y lo más delicado es que esta red también se dedica al blanqueo de dinero y otros negocios poco ortodoxos. El señor Eliseo Vargas y su familiar Jack David Vargas Núñez son los principales operadores. Suelen disfrutar de una residencia caché que compró en un sector exclusivo de San Marino. Siempre andan rodeados de guaruras y se conducen solo en camionetas lujosas del año. Son muchas las agencias que les pisan los talones. A cambio del apoyo de Sandra y sus diputados al Pacto de Corruptos, el presidente Giammattei les permitió extenderse a Puerto Quetzal y puso el Tribunal Supremo Electoral a la disposición de Sandra.

El pasado oscuro de Armando Escribá

> El exdiputado Armando Escribá logró una vez más una resolución judicial favorable, esta vez para recuperar su libertad en el caso Construcción y Corrupción. El año pasado había logrado anular el proceso penal en su contra, pero posteriormente esa decisión fue revocada.

Su nombre salió a la palestra hace ya más de una década, cuando dirigió Covial y el Fondo Social de Solidaridad. En esas entidades cometió posibles irregularidades y ahora es acusado penalmente por ello.

El patrimonio de Escribá creció aceleradamente tras su paso por esas entidades y fue un funcionario estatal que nunca dejó de beneficiarse como empresario-constructor. El excongresista logró acumular diversos bienes; entre ellos, lanchas, un helicóptero, un avión y varias propiedades. Escribá regresa ahora a su lujoso apartamento ubicado en el Edificio Vista Real, Zona 14.

2007

Escribá llegó al partido de la Unidad Nacional de la Esperanza como enlace de financiamiento del empresario Jaime Aparicio. El exfuncionario se ganó la confianza de los jerarcas de esa agrupación política y el 1 de abril de 2008 fue premiado con el puesto de director de Covial, de la cartera de Comunicaciones.

Durante su estancia en esa entidad se hizo famoso por cobrar comisiones por cada obra adjudicada. De esa dependencia fue destituido el 1 de junio de 2009. Antes de que dejara el cargo, la empresa Sevica obtuvo dos contratos por Q29.4 millones en Covial. La entidad mercantil, según las investigaciones del MP, está vinculada con el exlegislador.

DICIEMBRE DE 2010

El exdiputado fue nombrado director del Fondo Social de Solidaridad (FSS), de la cartera de Comunicaciones, puesto del que fue removido el 19 de enero de 2012. Durante su estancia en esta dependencia, la empresa Montañas Nacionales —sociedad con la que tiene vínculos, según la FECI— obtuvo su primer contrato público por Q147.9 millones en la Dirección General de Caminos. 

La adjudicación se dio el 5 de marzo de 2011. La entidad mercantil también obtuvo 19 días después, el 24 de marzo de 2011, un proyecto por Q16.9 millones. Este último evento le fue otorgado por el FSS, dirigido en ese entonces por el exparlamentario.

NOVIEMBRE DE 2015

Brenda Izela Escribá Morales y Katelin Iliana Beltetón Escribá, hermana y sobrina del exdiputado, respectivamente, fueron detenidas en noviembre de 2015, junto a otras 12 personas, por señalamientos de lavado de dinero y otros activos.

Las pesquisas indican que las familiares del excongresista habrían lavado recursos provenientes del narcotráfico. La estructura criminal que presuntamente integraban compró en efectivo varios vehículos valorados en miles de quetzales.

ENERO DE 2016

El exdiputado asume su curul en el Congreso de la República. Fue electo por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Durante el paso de Escribá por el Legislativo, la empresa Eco Led Technology, S. A. —creada por personas estrechamente ligadas a él—, fue beneficiada con varias adjudicaciones; entre ellas, una de Q2.7 millones otorgada por la Municipalidad de Quesada, Jutiapa. 

ABRIL DE 2018

El Ministerio Público, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), allanaron las instalaciones de las empresas de Escribá y del constructor Jaime Aparicio. Meses después, se interpondría una solicitud para que se le quitara el antejuicio y fuera investigado.

SEPTIEMBRE DE 2018

La FECI y la CICIG presentaron una solicitud de retiro de antejuicio contra el exdiputado Escribá, por presuntamente incurrir en concusión y fraude. El planteamiento se hizo en el marco del caso Construcción y Corrupción.

Los entes investigadores explicaron que empresas vinculadas con Escribá recibieron adjudicaciones por Q194.3 millones. Esto ocurrió cuando fue funcionario del Ministerio de Comunicaciones.

MAYO DE 2019

El Tribunal Supremo Electoral ordena que el exdiputado sea inscrito como candidato a diputado. La decisión de la institución se dio pese a los señalamientos de corrupción que habían hecho en su contra la FECI y la CICIG. En ese año, Brenda Izela Escribá, hermana del exdiputado, también fue incluida en la lista de los aspirantes para la alcaldía de San Miguel Petapa. 

DICIEMBRE DE 2019

Antes de que dejara su cargo como diputado, la Corte Suprema de Justicia decidió retirarle la inmunidad a Escribá. El proceso para quitarle el antejuicio se extendió por varios meses, debido a los múltiples recursos y excusas que el exlegislador interpuso.

ENERO DE 2020

La jueza Erika Aifán, giró una orden de captura contra Escribá por el caso Construcción y Corrupción. La juzgadora también dictó arraigo contra el exlegislador.

La FECI y la PNC efectuaron allanamientos para localizar al exdiputado. Sin embargo, no fue ubicado, pese a que días antes había dicho que estaba anuente a enfrentar los señalamientos por los cuales fue despojado de su inmunidad. Posteriormente se entregó a la justicia.

MARZO DE 2020

Escribá fue ligado a proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. La jueza Aifán decidió procesarlo por concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial jurada. 

La juzgadora consideró que existía el riesgo de que Escribá se fugara o interfiriera en la investigación, por lo que le dictó prisión preventiva y fue enviado al Mariscal Zavala.

DICIEMBRE DE 2020

La Sala Segunda de Mayor Riesgo decidió anular el proceso penal contra el exdiputado. De igual manera, revocó la prisión preventiva que le impuso la jueza Erika Aifán por la presunta comisión de cuatro delitos.

Los magistrados César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité Barrientos fallaron a favor de Escribá. Los togados también ordenaron que el caso fuera remitido al Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal.

ABRIL DE 2021

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia devolvió el caso del exdiputado al Juzgado de Mayor Riesgo “D”. El fallo surgió luego de que la jueza Aifán solicitó que se aclarara si ella era la competente para conocer ese proceso penal.

Posteriormente, esa instancia también revocó la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo de anular el expediente contra el exfuncionario y de otorgarle su libertad.

SEPTIEMBRE DE 2021

La Sala Segunda de Mayor Riesgo volvió a favorecer a Escribá. En esta ocasión ordenó a Aifán que le otorgara arresto domiciliario en el caso Construcción y Corrupción. La decisión fue emitida de nuevo por Najarro López, Moya García y Suchité Barrientos.

Ellos son togados suplentes en ese órgano jurisdiccional y fueron quienes anularon el año pasado el proceso penal contra el exdiputado. 

FAMILIARES

Familiares del exfuncionario han trabajado para distintas entidades del Estado. Iliana Escribá Morales, su hermana, laboró para Nery Medina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ella sigue trabajando para el Organismo Judicial y tiene un sueldo de Q19 mil 500. En tanto que Alfredo Escribá Morales, hermano del exparlamentario, quien en 2016 laboró como gerente administrativo del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

De regreso en los puertos

Después de superar titubeos y devaneos metafísicos, luego de ser incluido con justicia en la Lista Engel, Botox Sosa regresó a las andadas con diente de oro y minifalda, y junto a Rubén Mejía, al estilo de Vito Corleone, hicieron una oferta al ingeniero de ingenieros, el mentado Miguelito, que simplemente no pudo rechazar, por el paso libre de cualquier mercancía, incluyendo polvo blanco que no es harina, a través de callejones seguros en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. Han iniciado las negociaciones para establecer su operación en Puerto Quetzal, al estilo del propio Arturo el Castor Samayoa y sus asociados en la política y en el crimen organizado.

Nuevos emprendimientos cooperativos

Leonardo Canastuj, inspector general de Cooperativas, asumió el puesto manejando un perfil bajo. Sin embargo, aseguran que su nombre empieza a tener eco en la Superintendencia de Bancos, específicamente en la IVE. Presuntamente, el inspector ha autorizado en tiempo exprés y sin llenar los requisitos varias cooperativas para sus socios cercanos, quienes tienen de pantalla varias asociaciones de ayuda, en las que, aseguran quienes no los quieren, mensualmente lavan y planchan a gran escala millones de “dolorosos” y los disfrazan como donaciones para apoyar a los más necesitados por medio de las cooperativas
autorizadas recientemente. Quiere decir que las iglesias con el modus operandi de Wash Luna empezarán a enfrentar creciente competencia de supuestas cooperativas genuinas.

Consolidando sus emprendimientos

Los Caradura, muy conocidos en el mundo del crimen, desde hace un tiempo han emprendido el negocio de despojo de propiedades, pero lo hacen de una manera más estratégica, según ellos. Utilizan los servicios de su abogado, de apellido Recinos, quien realiza supuestas asambleas de las sociedades dueñas de los bienes inmuebles para autorizar a sus supuestos representantes legales a adquirir préstamos con garantías hipotecarias, y después de un tiempo las ejecuta y se hacen acreedores de las propiedades, que luego pasan a manos de sus altos jefes. El otro negocio de Los Caradura es resultado de su cercanía a un nuevo poderoso fiscal que, aseguran, puede frenar cualquier investigación. Existe cola para atender esta nueva línea de negocio de Los Caradura, entre ellos muchos famosos corruptos de cuello blanco.

La pita se rompe por lo más delgado

El director general de Transporte, Byron Acevedo, está en la cuerda floja, pues sus padrinos, Allan Masto Rodríguez y Shirley Rivera Zaldaña, están exigiendo cuotas más altas mensualmente. Acevedo no está de acuerdo en dar más plata a los congresistas, pues asegura que él es quien se está quemando y dando la cara ante las empresas de transporte y los otros solo ponen la mano. Acevedo asegura tener grabaciones de las solicitudes de la diputada Rivera exigiendo más plata y está dispuesto a hacerlas públicas si no respetan los acuerdos establecidos desde un principio. Al parecer, las instituciones que tienen que dar “diezmo” a los diputados están cansadas de tanta ambición y prepotencia y los están dejando de lado de las transas. Además, parece que Mario Draculín Aguilar, el multimillonario director de Covial, es su nuevo protector, y ya le dijo que los diputados ya no tienen la misma importancia e injerencia que al principio, y que los deje de lado.

Decadencia en plena pandemia

> Esta semana, el pornoministro, Raúl Romero, fue el anfitrión de una fiesta de cumpleaños para la diputada Shirley Rivera, brazo derecho en negocios turbios de Mastodonte Rodríguez. El evento se celebró en el restaurante y cevichería Delfines, en la colonia El Maestro, zona 15. Según cuentan lenguas viperinas, las botellas de whisky Macallan 18 y 25 años fluyeron en abundancia, cuyos precios oscilan en el restaurante entre Q8 mil y Q13 mil cada una. Asistieron los diputados del oficialismo y varios diputados ligados al polvo blanco que no es harina, que no podían faltar. La fiesta empezó en la tarde y terminó horas después de que entró en vigor la ley seca, sin respetar ni las más mínimas medidas sanitarias. El tema más recurrente en el festejo fue cómo lograr contener y revertir el desgaste de Masto Rodríguez, de suerte que pueda transformarse en candidato viable para la presidencia del Congreso en 2022. Sin embargo también tiene un plan B, ya que ha pesando seriamente dejar en el puesto a Rivera, con quien tiene una agenda compartida de negocios turbios en las municipalidades de todo el país, especialmente la de Villa Nueva.

Presunta malversación

Aseguran empleados de los Ministerios de Desarrollo y de Trabajo que los ministros preferidos del Olimpo chapín acaban de recibir estos días multas y hallazgos por más de Q6 millones por parte de la Contraloría General de Cuentas, debido a la malversación de fondos del Estado que se dio en el programa de subsidios para enfrentar la pandemia del coronavirus. Resulta que en el famoso programa de apoyo presuntamente incluyeron a un gran número de menores de edad y fallecidos para cobrar los Q75 diarios que daban los ministerios. El presunto “hoyo” asciende a más de Q40 millones, por lo que los ministros han decidido pagar las multas urgentemente a la Contraloría, para que el proceso no llegue al Ministerio Público.

Limpieza selectiva

Las recientes capturas de extraditables han estado enfocadas por norma en allegados a Sinaloa y jamás a Jalisco Nueva Generación; es decir, enfilan hoy hacia la costa sur. Tal parece que ha llegado el final del clan de los Sarceño, de quienes ya solo queda un hermano libre. Solo el teniente Kaleb sigue fortaleciendo y expandiendo su extenso imperio. 

El culebrón 

La saliente ministra Amelia Flores dejó una estela de caos y desastre en su administración en el campo de la salud. Hoy asume su viceministro de Hospitales, quien fue el ejecutor de muchas de las malas decisiones de Flores.

Sin embargo, las oscuras piezas de la Ministra aún son inamovibles. Tal es el caso de Mario Raúl Herrera Barrios, José Florencio Arango Mansilla y su hermano, quienes continúan. Parece que a la serpiente no le cortaron la cabeza, sino que solo cambió de piel.

Interioridades en el mundo criminal

La captura organizada y dirigida por la agencia de las tres letras, esta semana, del conocido narcotraficante del área del Polochic Sebastián Che, alias el Cochero, ha sido otro revés para las mafias incrustadas en los Ministerios de Gobernación y de Defensa, pues esta, al igual que las más de 30 capturas de cuadros medios del narcotráfico en Guatemala, obedece a una fuerza de tarea (task force) que trabaja desde hace un par de años con un grupo selecto de fiscales y agentes del Gobierno que no responden a Gendri Reyes ni al narcogeneral Carranza España, más conocido como el Cienfuegos Chapín. En una de sus primeras entrevistas con los agentes del norte, el Cochero aseguró que era protegido y tenía nexos en los dos ministerios en mención, especialmente en la G2, donde su contacto es el Oso, uno de los varios seudónimos que utiliza el coronel Wálter Osorio Salán, mano derecha y pupilo de toda la vida de Carranza España. El Oso Osorio Salán, junto a Chicharra Barrios Martínez, integraron por años un escuadrón de trabajo “sucio” en la G2, dedicado con eficacia a tumbes, sicariato, secuestros, compraventa de armas y protección de personajes del hampa, servicios que les permitieron acumular fuertes capitales, los cuales tienen resguardados en cuentas bancarias en el vecino estado de Chiapas, México.

¿Para alcalde de Mixco?

Sin duda para Manolargas, como le llamaban en la Munimix en tiempos de Otto Pérez hijo, el flamante director de Covial, el multimillonario Mario Aguilar, la campaña ya empezó en Mixco: tiene de representante y lavador estrella a un abogánster de apellido Ruiz, quien con recursos de los impuestos y del presupuesto de Covial alquila hoteles de lujo “para sus reuniones” de carácter electoral. Ruiz era el abogánster en el periodo que Manolargas dirigió la Dirección de Servicios Públicos de Munimix y era quien otorgaba las obras a las empresas de Mario Aguilar cuando inició sus caletas de dinero que tiene en San Cristóbal.

La “Gruesa”, no ha dejado los negocios y opera por medio de testaferros

Todos recordarán los contratos sobrevalorados de arrendamiento que realizó la Gruesa, como denominamos a Baldetti, para el edificio de Fonapaz, de la mano de su pupilo Armando Paniagua, o del contrato de arrendamiento sobrevalorado del Ministerio de Desarrollo, a cargo de otro afamado pupilo suyo, Leonel Rodríguez, quien gracias a su socio Robacarros Monzón salió bien librado, o bien el contrato sobrevalorado del Registro de Información Catastral (RIC), a cargo de la amiga íntima de la Gruesa Emilia Ayuso, donde estaba la cueva gigantesca de plazas fantasma en sus buenos tiempos. Pues todos estos arrendamientos tienen a un personaje en común que ha logrado pasar bajo el radar, pero debido al nuevo despertar de la ambición de Mariano Paz y la mismísima Gruesa se está dando color: es Adian F. Ettinger, representante legal de la empresa Condominio Arc Sociedad Anónima (NIT: 48822426), que durante el periodo de 2013 a 2015 le arrendó por Q9 millones 523 mil 120.19 los edificios a las entidades de gobierno arriba mencionadas. Durante el periodo de 2018 a 2021, por medio de la sociedad Tamarak, Sociedad Anónima (NIT: 93450869), le arrendó al Ministerio de Gobernación un modesto inmueble por Q840 mil al año, en donde funcionan las oficinas de Antecedentes Policiales de la PNC. A esa lista de sociedades se suman otras 11, que van desde Centro Operativo, Sociedad Anónima, y algunas sociedades fuera de plaza (offshores) que aparecen en los Panama Papers, tales como Accion LTD.Corp. Enders Inc. Rackall Inc., donde su tesorera es nada más y nada menos que una familiar del clan de lavanderos de los Lainfiesta de nombre Gisela. Es importante hacer notar que la offshore Accion LTD.Corp. fue propietaria del edificio de Fonapaz, y por eso mismo existen reparos y hallazgos millonarios por parte de la Contraloría General de Cuentas en informes de 2013, 2014 y 2015. El señor Adian F. Ettinger, no contento con los alquileres sobrevalorados a instituciones del Estado, se ha dedicado a la venta de apartamentos en edificios de zonas exclusivas, en mensualidades y de forma poco ortodoxa a políticos y funcionarios, como por ejemplo el Edificio Arcángel San Miguel, ubicado en la 4a. avenida 17-95, zona 14. Pero lo que lo tiene hoy bajo la lupa es su deseo de codearse con los propietarios del Condominio Marina del Sur, donde las malas lenguas comentan que prestó su nombre y empresas para recomprar a la Senabed la casa de la Gruesa, para que la disfruten los vástagos de Baldetti con Mariano Paz, así como la casa de una familia muy conocida y respetada, y otras más, y entre las últimas propiedades quiere quedarse también, de manera ilegal, con la casa de un exministro, y ha comprado en remate bienes en extinción de dominio. El hasta hoy poco conocido testaferro, que se pasea en un Ferrari azul y se le ve con frecuencia en compañía de Mariano Paz, esposo oficial de Baldetti, en algunos night clubs y practicando el tiro, aficiones que ambos comparten, puede ser la llave a muchas propiedades, casas, fincas, apartamentos y caletas que la Fiscalía contra la Impunidad y el Ministerio Público no han encontrado. Lo más impresionante es su gran capacidad para sorprender a la propia Senabed y lograr que le vendan o alquilen propiedades en proceso de extinción de dominio.

Tratos crueles

> Pocos saben que el coronel German Rolando Macz Véliz fue uno de los del grupito selecto que participó en 2003 en el hallazgo de US$14.4 millones en una vivienda de la zona 14 alquilada por el narcotraficante Otto Herrera. La verdad es que ese monto fue el que reportaron, pero finalmente se habrían repartido, cuando eran tenientes, una muy considerable suma, según comentaron otros miembros del grupo privilegiado, del cual solo quedan cuatro de alta.

El coronel funge actualmente como comandante general de la Guardia de Honor. Fiel al mandato puntual de su jefe, el comandante general del Ejército, Macz se dio a la tarea, como en la mayoría de los centros de vacunación de la ciudad, de realizar una jornada maratónica de vacunación este fin de semana, debido a que las vacunas de AstraZeneca vencen en cuatro días. Hasta la semana pasada, las estuvieron administrando poco a poco para dar la sensación a la ciudadanía de que tenían aún en existencia. Sin embargo, se dieron cuenta de que si no las aplican pararán en la basura, debido a que su efectividad expira la próxima semana.

El viernes, Macz llegó al comedor de la Guardia de Honor a las 5:00 a. m. Los soldados estaban desayunando, la única comida que reciben, porque los mandan todos los días a vacunar de puerta en puerta, y les urgió de forma abusiva que dejaran la comida y que se fueran a la calle porque las vacunas no pueden esperar. Dos soldados, con más determinación que los propios oficiales, a quienes Macz humilla constantemente, no atendieron a la exigencia de Véliz, por lo que este llegó a la mesa donde ellos se encontraban. Con respeto y con temple, ambos se defendieron y le dijeron que las jornadas son extenuantes y que la única comida que hacen es el desayuno, ya que regresan a sus cuarteles a las 12 de la noche. El comandante se enojó y los dejó castigados porque, según él, le “faltaron el respeto de forma grave”

Ansiedad creciente

El Presidente se mantiene en modo pánico, pues sabe que los casos avanzados en su contra tarde o temprano lo alcanzarán en los Estados Unidos. Tiene pánico que salgan a luz los nexos con ciertos ministros del hombre en la luna que lo ayudaron a conseguir plata de fuentes poco ortodoxas y sabe que sus contratistas más importantes para salvarse lo quemarán.

Mientras tanto, los sancionados en la Lista Engel crecen y van a aumentar con rapidez. Los amigos del norte han escaneado a la más altas cortes y, sobre todo, están poniendo la lupa en quienes financian a algunos de los sancionados en sus actividades siniestras, para sumarlos al selecto club Engel.

Libre el camino para Joviel

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, declaró desierta la convocatoria para nombrar a 26 directores departamentales de Educación en el país, justificando el incumplimiento de requisitos de los aspirantes, lo  que deja el campo libre para sea el STEG, de Joviel Acevedo, el que nombre a los directores y refuerce el control de la educación en los departamentos del país. Con esto asegura seguir con los negocios en las plazas de maestros por contrato, pues han resultado muy rentables para dirigentes del sindicato y servidores públicos que conforman estructuras de soborno en las Direcciones Departamentales de Educación. Un ejemplo es la directora en funciones departamental de Educación de Chiquimula, quien, sin empacho, mediante chat hace reclamos de lealtad a quienes, según conversación a las que ha tenido acceso estas nobles páginas, han sido beneficiados con un puesto en esa institución, y no es para menos, si los depósitos recibidos por medio de su círculo más cercano son jugosos, como lo demuestran varias boletas recibidas por este noble peladero.

Las denuncias en AGINPRO

La denuncia número MP 001-2021-1269, del Ministerio Público, e interpuesta en enero de 2021 se refiere a una acción presentada por el actual presidente de AGINPRO —quien se encuentra a la fecha suspendido ilegalmente de sus funciones, como represalia por denunciar ante el Ministerio Público las anomalías dentro de la asociación, suspensión que no se encuentra firme por existir a la fecha una acción de amparo en trámite— contra el director general de AGINPRO, Juan Carlos García Romero, por haber suscrito un contrato con una gremial en diciembre de 2019, sin tener las facultades para ello en la fecha en que lo suscribió, actuando contra los estatutos de la sociedad, y que según el contenido de ese acuerdo violenta los derechos de los usuarios al dar tarifas preferentes a quienes pertenezcan a la gremial, transgrediendo con ello el derecho de libre asociación y de igualdad entre usuarios del mismo rubro. 

 Además, AGINPRO es una sociedad de gestión colectiva y quienes la conforman (por cierto, AGINPRO no representa autores internacionales) están dedicados a la producción de fonogramas, y son únicamente personas jurídicas, nacionales e internacionales; consecuentemente, las personas físicas que pueden acceder a formar parte de su junta directiva, y a las decisiones, únicamente son los socios. 

Es importante señalar que los abogados Verónica Ponce y Alejandro de la Vega desde diciembre de 2020 no tienen relación, ya sea personal, laboral o profesional, con la entidad AGINPRO. La denuncia antes mencionada es de un asunto de orden privado y es un litigio entre socios de una asociación.

Pregunta sin respuesta

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