El año pasado el índice de la pobreza en el país podría haber aumentado 3.5 por ciento, con lo que se alcanzaría el 581 mil personas, según la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se presentó en la reunión anual de gobernadores de la entidad que se realizó de forma virtual.

Pero, además, en Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá más del 50 por ciento de los encuestados consideró que la crisis sanitaria aumentó la corrupción, resalta el informe Desigualdad y descontento social: cómo abordarlos desde la política pública que aborda la situación en México, Centroamérica y República Dominicana.

La pobreza, medida por el porcentaje de la población con menos de US$5 de ingreso diario, antes de la pandemia se estimaba en 51.4 por ciento y después de la crisis estaría en un nivel del 54.9 por ciento, de acuerdo con la publicación. La tasa más alta después de Honduras que llegaría a 59.3 por ciento.

Entre las dificultades que se señalan en el país están la baja carga tributaria que limita el gasto público y que se mantiene a pesar de la estabilidad económica y el bajo nivel de deuda que se ha tenido, además del alto nivel de ocupación en el sector informal y los rezagos en el capital humano.

Acciones
Tras el impacto del COVID-19 el país debería enfocarse en mejorar la infraestructura digital e implementar una estrategia de reactivación económica. El estudio también recomienda promover la rendición de cuentas y la transparencia, y mejorar el clima de negocios para atraer inversiones que contribuyan a reducir los niveles de pobreza.

Para este año el Banco de Guatemala (Banguat) proyecta un crecimiento de la economía entre 2.5 y 4.5 por ciento, luego de la contracción de 1.5 por ciento que se registró en 2020. Sin embargo, el BID destaca que no se ha logrado mejorar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Reclamos
A partir de encuestas ciudadanas en enero, mayo y septiembre de 2020, el informe destaca que el desempleo y la corrupción son los principales problemas que se reportaron. En Guatemala la medición de septiembre fue de 56 por ciento, el resultado de un alza en la corrupción durante la crisis sanitaria y que provocaron protestas en noviembre.