Las finanzas públicas de Guatemala se caracterizan por el más bajo nivel de ingresos de América Latina  y, por consiguiente, también el más bajo nivel de gasto. Esto implica una permanente insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades sociales, especialmente las de la población en situación de pobreza. También deben tomarse en cuenta la ineficiencia y la corrupción que merman la efectividad del presupuesto estatal para atender los rezagos en las distintas áreas (salud, educación, infraestructura, seguridad, justicia, etc.).

Debido a lo anterior, el uso constante de la deuda pública ha sido el instrumento de los distintos gobiernos para aumentar el gasto por encima de los ingresos disponibles, y así contar todos los años con presupuestos más elevados. No obstante, a pesar de las presiones políticas por gastar cada vez más, por décadas ha prevalecido cierta prudencia y el endeudamiento ha aumentado en ritmos moderados que no han puesto en riesgo la capacidad de pago de los compromisos adquiridos. Ello le ha valido al país un amplio reconocimiento internacional por su estabilidad macroeconómica, al punto que es una de las fortalezas que resalta para los evaluadores externos del riesgo país.

La crisis económica generada por la pandemia dio lugar en todo el mundo al uso extendido de la deuda pública para enfrentar la emergencia y tratar de reducir los impactos negativos. Guatemala no fue la excepción y el Congreso aprobó tres ampliaciones al Presupuesto 2020 por cerca de Q20 millardos financiados con nuevo endeudamiento. En consecuencia, el saldo de la deuda estatal aumentó 18 por ciento entre diciembre 2019 y agosto 2020. En tanto que, entre 2010 y 2019 el incremento anual fue de ocho por ciento (menos de la mitad de este año).

Saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB y de los ingresos tributarios 2010-2021

Para 2021 el gobierno propone mantener el elevado endeudamiento para financiar el gasto público, y el Proyecto de Presupuesto anual del Estado contempla nuevas obligaciones por Q32 millardos. De esta manera, a finales de 2021 la deuda pública aumentará 16 por ciento respecto a agosto 2020, y en los dos primeros años de este gobierno se habrá incrementado en 37 por ciento. Esto es casi la mitad del aumento de 80 por ciento registrado en la década entre 2010 y 2019. Se argumenta para justificar el mayor endeudamiento que Guatemala tiene uno de los más bajos niveles en América Latina. Esto es cierto cuando se le compara con el PIB que mide el valor de la producción nacional en cada año. Pero la capacidad de pago del Estado se mide por los ingresos fiscales (que también son los más bajos de la región), y al hacer esta comparación la situación cambia sustancialmente.

En relación con la recaudación tributaria, la deuda pública aumentó del 251 por ciento en 2019 al 325 por ciento en 2020 y alcanzará el 351 por ciento en 2021. Esto significa que en 2019 se necesitaban ingresos de dos años y medio para pagar la deuda existente, y en 2021 se necesitarán los de tres años y medio. El uso creciente del endeudamiento puede provocar un colapso de la capacidad de pago del gobierno como ha ocurrido con otros países en años recientes (Grecia, Portugal, Costa Rica, entre otros) que han debido aprobar reformas tributarias solo para cumplir con el pago de las  obligaciones.

La nueva deuda programada para 2021 por sí sola es alta, pero además representa más de la mitad de la recaudación tributaria programada por la SAT para el año, la cual es menor que la registrada en 2019. Claramente el esfuerzo para mejorar el desempeño del ente recaudador es insuficiente, por cuanto ni siquiera se aspira a igualar el monto del año anterior. Al mes de agosto el desempeño económico del país no ha sido tan negativo como se esperaba, alentado principalmente por la dinámica creciente de las remesas familiares, por lo que la caída en los ingresos fiscales se ha visto atenuada por el mayor consumo que se ha posibilitado por esta vía. Esta combinación de menores ingresos y gastos sustancialmente mayores es peligrosa para la estabilidad macroeconómica que ha sido baluarte nacional en las décadas recientes. Se debe evitar caer en zona de alto riesgo por el uso excesivo del endeudamiento, especialmente si es para financiar  gasto poco transparente.