El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) ahora solicitará una declaración jurada firmada por un notario, para la solicitud de autorización de suspensión de contratos laborales, para las empresas afectadas por la emergencia COVID-19.

El titular del Mintrab, Rafael Rodríguez, dijo, en un video, que se implementaron mejoras para el fortalecimiento del proceso y que el objetivo es verificar ‘a posteriori’ que la información que está entregando los emperadores es precisa, y asegurar que la ayuda llegue a los trabajadores que más la necesiten.

El Gobierno implementó el Fondo de Protección al Empleo con Q2 millardos contemplados para atender a 300 mil trabajadores privados, cuyos contratos han sido suspendidos de mutuo acuerdo entre el patrono y el colaborador. El beneficio diario es de Q75.

María Isabel Salazar, viceministra de Administración del Trabajo, dijo que se han realizado verificaciones por medio del proceso de inspección para establecer la veracidad de los datos en las solicitudes presentadas. “Se fortalecerá dicho procedimiento de gestión a través del requerimiento de declaración jurada notarial, la cual deberá ser presentada por el empleador y cuyos datos podrán ser verificados oportunamente”, agregó.

En Comunicación Social del Mintrab se gestionó más detalles de esta mejora, pero al cierre de esta nota no se respondió a las preguntas planteadas.

Según el Mintrab, hasta el 15 de julio se registraron 26 mil 413 solicitudes de suspensión de contratos, de 19 mil 917 empresas. Del total de solicitudes 23 mil 955 estaban aprobadas, las cuales corresponden a 175 mil 681 trabajadores. El Ministerio de Economía (Mineco) indicó que al 11 de julio habían 148 mil 265 beneficiados, equivalente a Q693.3 millones ejecutados. Estos provienen de 12 mil 265  empresas registradas.

Preocupación

El abogado laboralista Rafael Sánchez dijo que no tiene detalles de esta disposición para pronunciarse, pero comentó que el Mintrab ha emitido reglamentos y modificaciones para hacer una serie de facilidades para la aplicación de esas normas.

“Es delicado, porque la suspensión de contratos transcurrido cierto tiempo puede tener consecuencias muy serias, incluso la terminación del contrato haciendo un pago de una indemnización, no como la regula la ley, sino pudiendo haber cierta reducción drástica de la misma”, dijo.