En el primer día de vigencia del Decreto 15-2020, en la Corte de Constitucionalidad (CC) se sumaron ocho acciones que buscan que se declare total o parcialmente la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe suspender los servicios esenciales a los clientes por impago durante el Estado de Calamidad por la enfermedad COVID-19. Previo a la vigencia de la norma se habían plateado 13 amparos ante la CC.

La abogada Blanca Dina Urrutia presentó dos acciones, una de ellas de carácter general, también las empresas distribuidoras de Energuate y la Asociación Nacional de Generadores.

Otras de las acciones fueron interpuestas por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la abogada María Eugenia de la Vega. Y se sumó el abogado Javier Comparini Cuestas y el presidente de la CIG, Eduardo Girón.

La AmCham Guatemala pidió a la CC que resguarde el orden constitucional del país ante las violaciones evidentes del Decreto 15-2020 “para evitar una crisis mayor ante la situación actual”. Un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala estima que el impacto es de hasta en Q30.4 millardos.