Después de que el Congreso rechazará el veto presidencial al Decreto  15-2020, ahora las bancadas Winaq y UNE pidieron al presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, que publique la ley que establece medidas de apoyo a la población ante la emergencia generada por el coronavirus en el país. Ayer venció el plazo para que el mandatario Alejandro Giammattei publicara el acuerdo.

El decreto prohíbe suspender los servicios de agua, luz, telefonía e Internet, así como el cobro de mora, penalizaciones, intereses y gastos administrativos mientras esté vigente el Estado de Calamidad. El fin de semana, la bancada Semilla también urgió la publicación del decreto.

Para el Ejecutivo lo aprobado por el Congreso tiene varias inconstitucionalidades, por lo que el Presidente vetó el decreto y con 126 votos el pasado 30 de abril el Legislativo rechazó el veto.

Ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se plantearon 10 recursos, pero hasta ahora no se tiene ninguna resolución.

Para el sector de energía eléctrica el impacto en toda la cadena de operación en el primer mes de impago sería de Q1.1 millardos. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham, por sus siglas en inglés) afirmó que el decreto representa una expropiación indirecta de las inversiones.

Temporalidad y usuarios

La AmCham sugirió que se establezca la temporalidad de la medida y solamente aplicarlo a los usuarios de hasta 300 kilovatios/hora (kWh) al mes.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) la semana pasada envió una comunicación a los generadores, en la que anticipaba que por un evento de  fuerza mayor debido al impago de algunos de sus usuarios en atención al Decreto 15-2020 tendría dificultades para cubrir la totalidad de sus deudas.

La distribuidora informó que desde marzo suspendió todos los cortes de servicio por falta de pago y reconectó a clientes que lo solicitaron, “ya que la electricidad es un servicio esencial para poder afrontar el confinamiento”. La compañía ofrece a sus usuarios la opción de firmar convenios de hasta 12 meses.