El Decreto 15-2020 que pretende apoyar a la población más vulnerable por los efectos económicos del COVID-19 en los servicios de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, quedó en un impasse jurídico después del veto presidencial en el que se argumentó que tiene inconstitucionalidades.

El encadenamiento del suministro de energía eléctrica argumenta que la ley no especifica el grupo de personas vulnerables a quienes se quiere beneficiar y no se cumple con el objetivo del decreto.

El sector eléctrico calcula que el impacto de un primer mes de impago es de Q1.1 millardos que se distribuyen en toda la cadena de operación, incluyendo las municipalidades a las que se les traslada el arbitrio por Alumbrado Público.

El sector eléctrico propone que se debe acotar a los beneficiarios entre cero a 300 kWh. Definir la temporalidad de la medida que no debe pasar de dos o tres meses y acompañar la medida de recursos o mecanismo que permitan cubrir los costos de financiamiento. “Que se agilice el traslado de efectivo a las familias vulnerables para cumplir con los pagos”, afirma el sector. La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) emitió un comunicado hace unos días advirtiendo que no podría cumplir sus obligaciones con los generadores con quienes tiene 94 contratos. Otros representantes explican que hay compromisos con la banca y el no pago delimita el acceso a los créditos.

De esta forma el decreto “podría llevar a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica a la insolvencia, y a la posterior quiebra”, expresó la Cámara Guatemalteco Americana (AmCham) por medio de un comunicado.