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Economía

“El problema es que son Q7.2 millardos que no se tienen”, Hugo Maúl Rivas, investigador asociado CIEN


Hugo Maúl Rivas señala el caos para las finanzas públicas que significa la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ampara el pedido de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León.

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¿Cómo afectan la estructura del Presupuesto y qué impacto tienen en el gasto público todos los aportes constitucionales y otras asignaciones con destino específico por Ley?

– Es un tema que se remonta al Pacto Fiscal, ya se hablaba de restarle rigidez al Presupuesto debido a que para los temas de planificación del desarrollo del país que surgen y van evolucionando los gobiernos deben tener la posibilidad de modificar el Presupuesto para atender esas prioridades. Pero se sigue gastando en rubros poco relevantes y el problema es que cuando se tiene un destino específico ya no se somete a discusión de la validez o reasignación. Un ejemplo es el caso de la educación universitaria, pues no ocurre lo mismo con la educación primaria y secundaria, sin las que no se puede acceder al nivel universitario. Allí es donde cabe preguntarse el impacto que tiene en el bienestar de la población. El hecho es que este gasto no tenga beneficios que se esperan y se mantenga solo porque está en la Constitución.

La rigidez de estos gastos, tomando en cuenta la rigidez estructural que se tiene por el pago del servicio de la deuda –que va por el 20 por ciento–, las clases pasivas del estado y todas las leyes como el caso del IVA-Paz, la ley de bebidas y otras que tienen destinos específicos suman entre el 70 y 80 por ciento del gasto.

El Ministro de Finanzas termina siendo un receptor pagador: recibe el dinero y ya tiene cajitas donde ponerlo.

¿Qué impacto tendrá el cambio de las asignaciones constitucionales en el aumento y sostenibilidad de la deuda pública?

– Ese es el problema real porque son Q7 millardos más que no se tienen. Es como lo que sucede con los pactos colectivos, ese aumento es permanente. A futuro el problema es que si no se tienen esos recursos hoy, tampoco se tendrán para mañana. Lo que se tiene que calcular es que si se paga con deuda son más de Q7 millardos que se tendrán de manera perpetua. Es una cantidad inmanejable con un impacto a futuro y permanente que lleva a desfinanciarse aún más con deuda. Es decir si se tiene un déficit fiscal “regular” de dos por ciento (del Producto Interno Bruto), ahora se añade otro déficit igual que implicaría que la deuda aumente a Q35 millardos. La otra posibilidad es que sea sacado de los impuestos, que atenderán destinos que se fijaron hace 40 años.

¿Qué consecuencias traería para las finanzas públicas del país la decisión de la CC?

– La deuda es impuestos futuros y sale del ahorro de familias y del ahorro de las empresas. Además tiene impactos en los planes del gobierno porque se limita la posibilidad de generar planes para el desarrollo.

Ante los señalamientos del mal uso de los recursos, ¿cree que se justifica cambiar la base para el cálculo de estas asignaciones presupuestales?

– Es cosa de abogados. La ley dice que se incluya en el Presupuesto y se deja un rubro, pero eso no significa que se ejecute o que se transfiera a otro rubro y las entidades con autonomía no han querido rendir cuentas y se les ha tenido que obligar a usar sistemas contables, de gestión y adquisiciones para que compren, publiquen sus nóminas y administren los recursos. Amparados en la autonomía es difícil que rindan cuentas. El Ministerio de Finanzas y Segeplan tienen que exigirles. La AEU terminó generando un esquema con el que se benefician ellos, pero afectan al país.

 

“El Ministro de Finanzas termina siendo un receptor pagador: recibe el dinero y tiene un montón de cajitas donde tiene que ponerlo ya sea por mandato de la Constitución, disposición legal o dependencia estructural”.

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