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Economía

CACIF: Estado debe pagar penalización


El sector privado analiza la posibilidad de presentar una acción legal por la forma en que el Congreso hizo la votación del proyecto.

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El Estado tendría que pagar una penalización del cinco por millar del monto de inversión comprometida en el contrato para la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que no fue aprobado por el Congreso en la sesión del martes.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicó que la penalización está estipulada en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica. El Congreso no aprobó la iniciativa 5506 que incluía el contrato para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y otras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, primer proyecto que se ejecutaría con el modelo de la ley de  Alianzas Público-Privadas.

Se analizará la forma cómo se dio la votación en el pleno y las posibles acciones legales que se pueden tomar, indicó Tefel al considerar que la actuación fue motivada por ignorancia, ideología o intereses particulares.

“El proyecto es impulsado por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie)… la bancada oficial debe explicar por qué votó en contra”, agregó Tefel.

En agosto de 2018, el Conadie aprobó la adjudicación del proyecto al Consorcio de Autopistas de Guatemala, que ofertó un canon inicial de 36.13 por ciento y del 41.13 por ciento a partir del noveno año.

Riesgos

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), indicó que Guatemala recibió ayuda del Gobierno de Estados Unidos por medio de la Millenium Challenge Corporation (MCC), para estudios y asistencia técnica de los proyectos impulsados por el Conadie.

Esta era una oportunidad para Guatemala, ya que precisamos carreteras en buen estado, indicó Carrasco.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) enfatizó que la falta de infraestructura adecuada es el primer obstáculo para implementar políticas de desarrollo y alcanzar el crecimiento deseado.

5%

es la penalización  estimada, según la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

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