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Economía

Retención de crédito fiscal causa pérdidas de Q43.2 millardos


El impacto en la economía guatemalteca desde 2012 hasta 2018, por la presa de devoluciones pendientes, ha sido de uno por ciento del PIB.

 

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El cúmulo de expedientes que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene sin concluir desde 2012 hasta el año pasado ha dejado pérdidas que superan los Q43.2 millardos, por los efectos que tienen en la liquidez financiera, el consumo, las inversiones y el pago de impuestos que se podrían generar por estas actividades.

Las estimaciones realizadas por Central American Business Intelligence (CABI) señalan que para 2018 el impacto fue de Q5.2 millardos, cerca del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Paulo de León, director de CABI, explicó en una presentación a los socios de la Cámara del Agro (Camagro), que el principal impacto es por los recursos que están congelados en la cuenta del Banco de Guatemala (Banguat), que en 2018 superaron los Q3.2 millardos y es parte de la liquidez financiera que podría beneficiar a la economía si estuvieran disponibles.

Los efectos negativos son para el consumo, las inversiones, costos de oportunidad y financieros, y en los impuestos que no se generan. Estos impactos se estiman en más de Q2 millardos para 2018. A lo que los exportadores suman el pago del Impuesto de Solidaridad (ISO) que deben realizar por el activo reclamado a la SAT.

FALTA DE CERTEZA

En el mismo foro, el consultor fiscal Óscar Chile Monroy, explicó que la aplicación de los criterios establecidos por la SAT para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores derivan en inconsistencias, posibles inconstitucionalidades y exigencias exageradas que cargan de costos adicionales a las empresas.

“Lograr la devolución del cien por ciento de lo solicitado, se califica como un milagro, porque con los criterios que se tienen es imposible”, resaltó el experto al agregar que la autoridad tributaria incumple con los plazos para resolver y que las solicitudes en lugar de 60 días pueden llevar cinco años (60 meses).

Así como la SAT impone multas y recargos al contribuyente por no pagar en el plazo que corresponde, también debería tener el contribuyente la posibilidad de un reclamo similar por el retraso en que incurren para la devolución, indicó De León.

El incumplimiento recurrente de la legislación por parte de la SAT debilita la certeza jurídica, pues ese retraso impacta en la generación de empleo, crecimiento económico y la subsistencia de las empresas, aseguró el presidente de la Camagro, Nils Leporowski.

La situación es grave debido a que los funcionarios de la SAT incurren en delitos que afectan la capacidad de pago de las empresas y se convierte en una confiscación de la propiedad privada del contribuyente, según Stuardo Ralón, asesor jurídico de la Camagro, para quien mantener la presa de expedientes sin resolver es un incentivo a la corrupción.

PROPUESTAS

Los empresarios sugieren que se cambie el proceso de devolución del crédito fiscal para cumplir los plazos, un reglamento para el sistema de cuenta corriente tributaria y que las metas no castiguen el capital de trabajo de las empresas.

“El Ministerio Público debe investigar de oficio el incumplimiento de la SAT”.

Nils Leporowski, presidente de la Camagro.

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