Los empresarios y las autoridades del Ministerio de Economía consideran que no hay que especular ni adelantarse a las declaraciones de funcionarios federales de Estados Unidos que advierten que la administración de Donald Trump analiza expulsar a tres países del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Aunque reconocieron que de ser realidad, impactaría en las economías de la región.

Los medios estadounidenses indicaron que el Gobierno de ese país evalúa la relación de El Salvador y República Dominicana con China; y Nicaragua por salirse del camino democrático.

“Lo importante es que no hay nada oficial. Sin embargo, estaremos pendientes de dicha noticia”, dijo el viceministro de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (Mineco), Julio Dougherty, en cuanto a los posibles efectos para Guatemala.

Según la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), si Estados Unidos decidiera dejar fuera a un país, tendría que denunciar el tratado, lo que afectaría a los seis países. Para Dougherty, estos son comentarios sin fundamentos. “Solo si se diera entraríamos a analizar la situación”, dijo.

ESPERA

La directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny D. Estrada, refirió que el tratado con Centroamérica es de los pocos que cuenta con balanza positiva para Estados Unidos.

“Pensaría que no habría que precipitarse sino esperar un poco más en qué se sustentan las instituciones norteamericanas que manejan estos temas. Los tratados tienen mecanismos específicos para comunicar ese tipo de propuestas”, dijo.

Juan Carlos Tefel, primer vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), también considera que no hay que adelantar nada. “No hemos visto ninguna evidencia concreta de parte de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que esto sea la intención”, dijo.

POLÍTICO

Para el director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), Enrique Lacs, esta revisión es política. “Nos preocupa porque el texto del CAFTA-DR tiene una integralidad y si se salen esos países, se puede perder. Habría que ver cómo y qué propuestas técnicas y legales se van a introducir para evitar eso”, dijo.

Agregó que como Guatemala “tendríamos que analizar rápido, y eso lo debería de hacer el Ministerio de Economía basado en esa declaración sobre cuáles sectores podrían estar afectados si se rompe esta estructura”.

Lacs considera, además, de que los países no tendrían un arancel preferencial, se plantean preguntas como ¿si El Salvador podrá seguir usando materia prima de Guatemala para luego exportar a Estados Unidos, o viceversa?

Juan Pablo Carrasco, titular de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), agregó que sería perjudicial para Guatemala porque en el comercio intrarregional hay encadenamientos productivos y comerciales.

Centroamérica es el segundo socio comercial de la región, después de Estados Unidos. Hasta noviembre de 2018, de los US$9.82 millardos en exportaciones guatemaltecas, el 36.3 por ciento fueron para Estados Unidos y el 28.6 para Centroamérica, según el Banco de Guatemala.

Carrasco dijo que en febrero tienen programada una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, para hablar con las autoridades de la oficina de comercio de dicho país para hacer ver que no deben ser afectados los tratados comerciales por razones políticas.

“Triángulo Nort Dado que es un tratado multilateral, tampoco es sencillo excluir a un país, se tendría que contar con la aprobación de los demás países”.

Juan Carlos Carrasco, presidente de AmCham.

Triángulo Norte

Algunos entrevistados consideran, además, que si uno de los principales objetivos del país del norte es disminuir la migración, implementar cambios en la relación comercial podría perjudicar la inversión, provocar más desempleo y, por ende, migración. Esto se contradice con el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

La crisis que atraviesa el país por la oposición del Gobierno a la Comisión internacional Contra la Impunidad (CICIG), consideran que es un tema político e interno, que no se puede comparar a la situación que vive Nicaragua.