De las tres firmas calificadoras de riesgo más importantes, la primera en pronunciarse por la decisión unilateral del gobierno de dar por finalizado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue la agencia Moody’s Investors Service.

En un comunicado emitido ayer, Moody’s consideró que la expulsión de la CICIG es una situación negativa “porque debilita los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho en un país con altos niveles de corrupción”.

Moody’s consignó el éxito de la CICIG en la investigación de redes de corrupción y de funcionarios de alto nivel cercanos al presidente Jimmy Morales. “En los últimos dos años, la relación entre CICIG y la administración actual se ha deteriorado rápidamente”, afirmó al recordar la orden de denegar el ingreso al comisionado Iván Velásquez.

Para la agencia calificadora, la expulsión de la Comisión es un revés para el país debido a que corrupción está muy extendida en el país y la institucionalidad aún es frágil.

También la congresista Norma Torres, se pronunció ayer ante lo ocurrido esta semana. Señaló que si Guatemala vuelve a caer en la anarquía, se convertirá en un imán para el crimen organizado internacional, y la inversión global se agotará y aumentará el número de familias que buscan migrar.

Desde septiembre pasado, la agencia Fitch Ratings advirtió que las tensiones políticas y la incertidumbre que se generó por el anuncio del gobierno de no renovar el mandato de la CICIG tendría un efecto en las perspectivas de crecimiento de la economía guatemalteca.

ADVERTENCIA

David Casasola, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que la calificación de riesgo país se ha basado principalmente en la estabilidad macroeconómica, y las advertencias son por la conflictividad social e inestabilidad política.

“Dependerá de cuál sea el nivel al que escale la inestabilidad política para que Moody’s decida modificar la nota para Guatemala”, agregó Casasola.

Esta es una advertencia, comentó el economista Erick Coyoy, al considerar que se activó uno de los factores de riesgo que revisan las calificadoras: la certeza jurídica. El gobierno está incumpliendo la legislación y eso preocupa a la agencia Moody’s, explicó.

Coyoy espera que ahora se observe la tendencia antes de emitir un cambio en la nota de riesgo país.

“Morales ha tenido una relación tensa con la CICIG desde que asumió el cargo en enero de 2016. A pesar de hacer campaña en una plataforma anticorrup-ción”.

Moody’s.