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Economía

CACIF solicita exposición del expediente de mina San Rafael


El sector empresarial organizado señaló que las inversiones para el país se encuentran amenazadas por ausencia jurídica.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)  requirió por medio de un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC) un detalle sobre el manejo del expediente del caso de la Minera San Rafael.

El presidente de la junta directiva del CACIF, Marco Augusto García Noriega, mencionó que la situación constituye un sistema de justicia inerte que desafía los plazos establecidos en ley, principalmente porque la CC no ha emitido ningún fallo después de 266 días.

La solicitud presentada a la Unidad de Información Pública de la máxima Corte, busca conocer el nombre del magistrado a cargo, cuántas veces los magistrados han presentado sus ponencias, que se entreguen audios y videos sobre el retiro de las ponencias del pleno y el estado administrativo del expediente.

El desarrollo económico se encuentra amenazado, indicó García Noriega. “Si no tenemos una certeza jurídica en Guatemala no tendremos inversiones, solo este año la economía tiende ir a la baja, no creo que lleguemos al tres por ciento de crecimiento, estamos en la curva más baja”, aseveró.

Preocupaciones

El vocero de la Minera San Rafael, S.A., Andrés Dávila, expresó que desde el 6 de julio de 2017 las labores de extracción fueron suspendidas. Hasta la fecha el Estado ha dejado de percibir Q415 millones en impuestos y regalías y Q1.5 millardos en pagos a proveedores.

Dávila enfatizó que el caso se encuentra en contra del Estado y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y la empresa es la que se ha visto afectada. Añadió que esperan que la CC emita una resolución pronto, para continuar con las operaciones de la mina junto con la realización de la consulta popular.

El impacto es significativo y no se encuentra aislado, expresó el vicepresidente de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), Alfredo Gálvez, ya que no solamente afecta a una compañía. Se considera que alrededor de 600 empresas suspendieron labores con la minera, luego del cierre.

Aseguró que se observa que no existe un deseo por resolver a pesar de los plazos que establece la ley, “creemos que el asunto es político e ideológico”, dijo Gálvez.

Caso complejo

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) también solicitó a la Unidad de Información Pública revisar cuántas apelaciones de amparo se han realizado al caso de la mina San Rafael. El abogado Rafael Maldonado, quien representaba a CALAS en el caso, fue despedido por la entidad.

Operaciones

La Minera San Rafael continúa con la ejecución de acciones en el manejo y gestión ambiental, debido a que el Ministerio de Ambiente solicitó se cumpliera con los compromisos.

378

días  lleva Minera San Rafael sin operar.

“Estamos en la curva más baja de la  economía, desempleo, infraestructura destruida y amenazas a la inversión del país”.

Marco Augusto García, presidente  del CACIF.

 

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