La Corte Suprema de Justicia (CSJ) escuchó los argumentos de los amparistas, comunitarios y abogados para decidir si la licencia para operar del proyecto de la hidroeléctrica Generadora San Mateo (GSM) debe mantenerse. En una vista pública por la interposición de tres amparos –1031-2017, 1044-2017, 1265-2017–  contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Mateo Alonso Pascual, presidente de la Asociación 13 Democracia, Consenso y Desarrollo quien participa en la mesa de diálogo entre organizaciones y Gobierno, rechazó las acciones legales debido a que los ponentes no pertenecen a la comunidad en donde está instalado el proyecto. “Los hermanos amparistas no representan a las comunidades organizadas en proceso de diálogo y paz. Ellos han estado utilizando la desestabilización”, dijo. Los comunitarios aseguran que los amparos interpuestos responden a intereses políticos, porque en la audiencia además de las comunidades amparistas participó la abogada Casilda Jovita Tzul, quien en representación del diputado