La Corte Suprema de Justicia (CSJ) escuchó los argumentos de los amparistas, comunitarios y abogados para decidir si la licencia para operar del proyecto de la hidroeléctrica Generadora San Mateo (GSM) debe mantenerse.

En una vista pública por la interposición de tres amparos –1031-2017, 1044-2017, 1265-2017–  contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Mateo Alonso Pascual, presidente de la Asociación 13 Democracia, Consenso y Desarrollo quien participa en la mesa de diálogo entre organizaciones y Gobierno, rechazó las acciones legales debido a que los ponentes no pertenecen a la comunidad en donde está instalado el proyecto. “Los hermanos amparistas no representan a las comunidades organizadas en proceso de diálogo y paz. Ellos han estado utilizando la desestabilización”, dijo.

Los comunitarios aseguran que los amparos interpuestos responden a intereses políticos, porque en la audiencia además de las comunidades amparistas participó la abogada Casilda Jovita Tzul, quien en representación del diputado Leocadio Juracán expuso su rechazo a la hidroeléctrica, porque aseguró que los actos de violencia se incrementaron y que hubo división de las comunidades.

El solicitante del amparo 1031-2017, Felipe Gómez Andrés, quien pertenece a una comunidad vecina, argumenta que la empresa ha contaminado el agua y  no se hizo la consulta. Y el abogado Juan Geremías Castro afirmó que los contratos con los que se autorizó la operación son ilegales porque fueron suscritos extemporáneamente.

El proyecto se ubica en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Un equipo de periodistas constató que solo es un tramo del río el que ocupa el proyecto. El manto de agua sigue su curso que va hacia México. Lo que se observó en la región es que el agua está en buen estado.

Los amparos fueron interpuestos como reclamo por la instalación y licencia otorgada a GSM y por el uso de los caudales hidrológicos de los ríos Pojom y Río Negro.

Argumento de los amparos

Felipe Gómez Andrés, solicitante del amparo 1031-2017, indicó que la empresa ha provocado daño a la comunidad, como contaminar el agua y argumentó que no se hizo la consulta a la población.

El abogado Juan Geremías Castro afirmó que los contratos con los que se autorizó la operación de esta hidroeléctrica son ilegales porque fueron suscritos extemporáneamente. Un tercer abogado, Benito Morales, quien representa a Felipe Gómez Pérez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Yichcakchin, afirmó que le da pesar que personas que viven en otros municipios o en áreas donde hay energía eléctrica estén accionando por comunidades a las que no pertenecen.

Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), se debe denegar el amparo, mientras que la instancia del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) solicitó que el amparo sea declarado con lugar.

Para Sara Edith Zamara, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, del Ministerio Público, no se realizó la consulta en la manera que establece la legislación.

Apegados a la ley

Energía y Renovación solicitó a la Corte que prevalezca el Estado de Derecho y se garantice la seguridad jurídica para promover el desarrollo y el avance nacional por medio de proyectos de inversión donde el trabajo articulado entre Estado, comunidades y empresa sean una constante; en ese sentido, Generadora San Mateo (GSM), parte del Grupo Energía y Renovación (EyR), cumple estrictamente con todas las normativas nacionales e internacionales, así como buenas prácticas ambientales, según un comunicado.

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Amparos fueron interpuestos contra el MEM por otorgar una licencia para la hidroeléctrica.