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Economía

Proceso de consultas comunitarias entre riesgos para otorgar licencias


De acuerdo con Acción Ciudadana, la guía impulsada por las autoridades para las consultas tiene casi el 90 por ciento de la que se utiliza en Perú.

 

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Al menos tres riesgos de corrupción fueron identificados en la evaluación de Acción Ciudadana (AC) en el proceso para otorgar las licencias de operación minera en el país. El informe nacional presentado ayer identifica los aspectos vulnerables y se adjuntará en un reporte global que incluye 20 países y que será presentado el próximo mes por Transparencia Internacional.

En el informe se revisan 21 riesgos, y Guatemala presenta mayor vulnerabilidad en tres aspectos. Marvin Flores, consultor de AC, comentó que uno de los riesgos es que la guía para la consulta comunitaria, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es vinculante y carece de legitimidad.

Es en el 90 por ciento de su contenido una copia de la guía que se utiliza en Perú, indicó Flores al comentar que lo mismo ha sucedido en otros países centroamericanos, que copian ese instrumento que permite a las empresas continuar con las operaciones durante los procesos de consulta.

Guadalupe García, consultora de AC, dijo que otro de los riesgos de corrupción que se evidencian es la falta de accesibilidad a la información del catastro minero, que no permite conocer las coordinadas de los derechos otorgados y solicitados. “El poco acceso a los datos limita la transparencia”, dijo García.

El tercer riesgo es el conflicto de interés que surge con la participación de directivos de empresas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con puestos clave para las autorizaciones de las actividades mineras. Según Flores, es un fenómeno de “puertas giratorias” en el que una persona puede ocupar una gerencia en una empresa minera y luego estar en el despacho del MEM.

El país tiene una moratoria de facto en la entrega de licencias de explotación minera, son más de 500 las solicitudes que están rezagadas en el MEM, indicó García. Las últimas dos licencias que se otorgaron fueron en 2013 para los proyectos La Puya y San Rafael.

Consulte en la web

> El reporte nacional está disponible en accionciudadana.org.gt/areas-tematicas/transparencia-en-sector-extractivo/

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